La protesta en contra de la megaminería sigue creciendo


Para los lectores habituales de Listao, Darío Aranda es un viejo conocido. Uno de los periodistas argentinos que trabaja en los temas candentes buscando la verdad y no cercenandola de acuerdo a conveniencias partidiarias o corporativas.

Hoy publicó un artículo en Página 12 donde analiza los levantamientos de varios pueblos argentinos en contra de la Megaminería.

Megaminería

“En Argentina hay decenas de Famatina”, avisa Urbano Cardozo, jubilado, militante socioambiental, que vive desde hace 73 años en la cuna de la megaminería argentina: Andalgalá (Catamarca), donde hace 18 años se instaló Bajo la Alumbrera, el yacimiento de oro y cobre más grande del país. “Es el caso testigo de que no produce ni trabajo, ni desarrollo local y sí produce contaminación”, denuncia Cardozo y advierte que Famatina es “un paso más hacia la pueblada nacional que tenemos que hacer contra el saqueo y la contaminación”. Según datos de la Secretaría de Minería de Nación, la exploración minera aumentó en los últimos ocho años un 664 por ciento. Un informe de la Red de Asistencia Jurídica contra la Megaminería (Redaj) detalla que en la actualidad se encuentran en explotación 14 yacimientos y existen al menos 121 proyectos en exploración. “El avance minero tiene directa vinculación con la violación de derechos humanos, observamos que ante cada intento de instalación se produce una alta conflictividad social que lleva años sin resolverse, como es el caso de Famatina y Andalgalá”, denunció Soledad Sede, de la Redaj.

En la década del ’90 se sancionó la ingeniería legal para el de-sarrollo de la megaminería. En 1994, comenzó la construcción del yacimiento Bajo la Alumbrera, de capitales suizo-canadiense. En la actualidad están en marcha otros 13 proyectos: Cerro Vanguardia, San José-Huevos Verdes, Manantial Espejo, Martha y Espejo (Santa Cruz); Veladero, Casposo y Gualcamayo (San Juan); Pirquitas y El Aguilar (Jujuy); Salar del Hombre Muerto (Catamarca), Campo Quijano (Salta) y Andacollo (Neuquén). San Juan cuenta con dos proyectos en construcción: Pachón y Pascua Lama, el primer megayacimiento binacional, en manos de la Barrick Gold.

La Secretaría de Minería de la Nación informó en un comunicado el 13 de enero: “Histórica inversión de riesgo. 1.031.600 metros perforados. Se perforó un 41,3 por ciento más que en 2010 y un 664 por ciento con respecto al inicio de 2003. Permite promover nuevos emprendimientos productivos”, destacó la Secretaría (“metros de perforaciones” es la forma en que se mide la actividad exploratoria).

El comunicado remarcó que “el record histórico ratifica a la Argentina como uno de los países con mayor dinámica en esta actividad”. Y explicó que “el fuerte aumento de la actividad exploratoria generó la aparición de nuevos emprendimientos, el país ya cuenta con más de 600, en todo concepto”. Y detalló que las principales provincias con proyectos mineros son Santa Cruz, San Juan, Salta, Catamarca, Jujuy, Mendoza, Neuquén y La Rioja.

Según datos oficiales del informe de 2009, “La minería en números”, en 2003 había sólo 40 proyectos mineros. En 2009 ya eran 336 (840 por ciento) y en 2012 llegan a 600: un 1500 por ciento más que en 2003.

La Red de Asistencia Jurídica presentó a fines de 2011 ante la Defensoría del Pueblo de la Nación el relevamiento “Informe preliminar sobre vulneración de derechos y conflictividad socio-ambiental minera”, en el que focalizó en la megaminería. Contabilizó 121 proyectos en “exploración avanzado” (en los que ya se conocen las ubicación y calidad de las reservas pero aún no se resuelve la solvencia económica para dar inicio a la explotación). Encabezan la lista Santa Cruz (36 proyectos), Salta (17), Chubut (14), San Juan (11) y Jujuy (ocho). Le siguen Neuquén (siete); Mendoza, La Rioja y Río Negro (seis cada una) y Catamarca (cuatro).

“Los proyectos son propiedad de 51 empresas, sólo dos de capital nacional y 49 de capital transnacional: Canadá, Reino Unido, Australia, Estados Unidos y Suiza (entre otros)”, destaca el informe y advierte que “la instalación de transnacionales mineras implica diferentes conflictos sociales, jurídicos y ambientales, entre los que destacamos la utilización intensiva de químicos de alta toxicidad y el consumo masivo de agua y energía, situación que coloca a la actividad en una condición estructural de tensión con las poblaciones y actividades económicas locales”.

Argentina cuenta con 5000 kilómetros de cordillera. En una centena de pueblos existen asambleas socioambientales. Siete provincias limitan algún aspecto de la megaminería (Tucumán, Mendoza, La Pampa, Córdoba, San Luis, Tierra del Fuego y Chubut).

Río Negro también limitaba la megaminería (prohibía el uso de cianuro). Al asumir en diciembre pasado, el Frente para la Victoria (Carlos Soria, luego reemplazado por Alberto Weretilneck) derogó la ley y dieron luz verde a la minería. Hubo movilizaciones en Viedma, Ingeniero Jacobacci y todos los miércoles se reúnen en Bariloche en rechazo a la actividad extractiva. Las organizaciones sociales y comunidades mapuches se declararon en estado de alerta y movilización.

En febrero de 2010, los asambleístas catamarqueños cortaron un camino vecinal en rechazo a un nuevo proyecto (Agua Rica), publicitado como tres veces más grande que Alumbrera y a sólo 17 kilómetros del pueblo. Sufrieron una dura represión por la noche, con una decena de heridos y detenidos. La violencia policial motivó una pueblada con históricas marchas en la plaza de Andalgalá. La instalación de Agua Rica fue paralizada, momentáneamente, por un fallo judicial.

Desde hace una semana, y en paralelo a las protestas riojanas, vecinos de Andalgalá realizan bloqueos en Belén y Santa María, en las rutas de acceso a Alumbrera. Sólo se detiene a los vehículos mineros.

En Famatina habían sido imputados ocho asambleístas por participar en el acampe en la base del cerro. En Catamarca fueron apresadas cuatro personas el jueves y 18 asambleístas más el viernes 27. En ambos casos fueron liberados a las pocas horas, pero siguen en calidad de imputados.

“Registramos un preocupante proceso de persecución y criminalización de la protesta social en contextos de conflictividad por el desarrollo de la megaminería”, denunció Soledad Sede, de Redaj. Explicó que, donde se movilizan contra la megaminería, son “cotidianos” los casos de amenazas y detenciones ilegales. Sede afirmó que existe evidencia de la “vulneración sistemática de los derechos ciudadanos y, en particular, la violación al derecho de manifestarse legítimamente que se ha puesto en jaque tras la sanción de la ley antiterrorista”.

En los últimos días se sumaron cortes en Amaicha del Valle (Tucumán), también contra Alumbrera y en rechazo a Agua Rica. “Estamos jugados, decididos, no importa que nos encarcelen o repriman, acá está en juego el futuro de nuestros hijos y nietos”, alertó Urbano Cardozo, asambleísta de Catamarca, y lanzó una propuesta: “Iremos a Buenos Aires si hace falta. Plaza de Mayo o la 9 de Julio, ahí también gritaremos ‘el agua vale más que el oro’”.

 

Fuente: Página 12.

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Polémica: Ley de Tierras, periodismo y pueblos originarios

¿Cómo reflejan los medios oficialistas y los opositores el debate sobre el proyecto de Ley de Tierras? ¿Qué tan profundo es el debate sobre las contradicciones de un modelo productivo que elige ocultar sus debilidades y que silencia la voz de algunos actores muy importantes? A estas preguntas intenta responder Darío Aranda en una nota publicada hoy en Página 12.

 

Campesinos

Medios de comunicación “independientes” y opositores, de un lado. “Militantes” y oficialistas, del otro. En ese maniqueísmo se ha transformado buena parte de los grandes medios de comunicación. Ambos denuncian, y silencian, según sus conveniencias económicas y políticas.

El proyecto de ley para regular la venta de tierras a extranjeros se suma a la lista de ejemplos que deja en evidencia a los grandes medios. El primer grupo publica editoriales y otorga espacios a quienes se oponen a regular la extranjerización porque, afirman, se estaría por “violar” la Constitución nacional. Desde la otra vereda se resalta el proyecto de ley como una gran cruzada nacional, casi presentada como si fuera la reforma agraria.

Es llamativo que, salvo excepciones, los periodistas de los grandes medios no consulten a un actor fundamental del territorio: campesinos y pueblos originarios.

Dirigencia política y formadores de opinión invisibilizan a los sectores populares de la Argentina rural. Influyen el desconocimiento o la discriminación de clase (o un poco de ambos). O, quizá, se los evita porque campesinos y pueblos originarios son quienes más claramente pueden dejar al descubierto que la extranjerización de tierras no es un problema central de Argentina, sino que el origen de sus pesares está en el modelo extractivo que es política de Estado, y donde agronegocios, megaminería, forestales y petroleras (sólo sus caras más famosas) cuentan con permanente apoyo mediático y gubernamental.

Pocos pueden oponerse a legislar sobre la venta de tierras a extranjeros. Mucho menos se opondrán quienes impulsan el actual modelo agropecuario, porque una ley de ese tipo no afecta ningún interés de los ganadores del modelo.

Regular la extranjerización de tierras no combate el corazón de la injusticia rural: la concentración de la tierra. Datos duros del INTA: el 2 por ciento de las explotaciones agropecuarias controla la mitad de la tierra del país. Mientras que el 57 por ciento de las chacras cuenta sólo con el 3 por ciento de la tierra.

Empresarios y gobiernos extranjeros no necesitan comprar tierras de Argentina para explotarlas según su necesidad.

El gobierno de Río Negro firmó en octubre de 2010 un acuerdo con China para sembrar 240 mil hectáreas. El gobierno de Chaco firmó un acuerdo en febrero último con un “fondo inversor” de Arabia Saudita para que explote 200 mil hectáreas del Impenetrable.

También son extranjeros, y no verán afectados sus intereses, empresas mineras, petroleras y forestales que controlan amplias extensiones de territorio nacional.

El principal problema de campesinos e indígenas no es la extranjerización, sino el modelo agropecuario. En 2001 se sembraron en Argentina 10 millones de hectáreas con soja. En 2010 se llegó al record de 19 millones de hectáreas, el 56 por ciento de la tierra cultivada.

El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina) estima un piso de 200 mil familias rurales expulsadas por el avance sojero. Las topadoras suelen estar al servicio de empresarios que –la gran mayoría de las veces– son argentinos.

El Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) planifica la política agropecuaria para los próximos nueve años. Y logró lo que ninguna otra iniciativa kirchnerista había logrado: obtuvo el apoyo (o al menos la ausencia de críticas) de medios opositores y también de medios oficialistas.

El PEA impulsa aumentar la producción granaria un 60 por ciento en los próximos nueve años. Llama la atención que los periodistas que durante la 125 tanto cuestionaron la sojización ahora no hayan alertado sobre el aumento de desalojos, desmontes y del uso masivo de agrotóxicos que provocará lo pautado en el PEA. Una premisa básica del periodismo es no ocultar la realidad. Los “daños colaterales” de la “Argentina líder agroalimentaria” (eslogan del PEA) recaerá sobre los sectores populares del campo argentino. A pesar de ello, la gran mayoría de los periodistas de grandes medios publicitan el PEA como un hecho auspicioso y, como de costumbre, ignoran a campesinos y pueblos originarios.