"Lo que se puede y lo que no" por Raul Degrossi

Comparto con uds un texto que me envió el doctor Roberto Amenta.

Es un artículo escrito por Raúl Degrossi, director general de la Dirección de Asuntos Jurídicos, Sta. Fe y autor del libro “Nuevo Diccionario Político Argentino”

  • Se puede criticar al gobierno, a la presidenta, a los funcionarios, a los jueces, a los empresarios, a los sindicalistas y hasta al Papa, porque eso es libertad de expresión.

    No se puede cuestionar un artículo, una nota, un editorial, a un periodista o la orientación de un medio de comunicación, porque eso es censura.

  • Se puede mostrar a personas desnudas en el cine, en teatro, en televisión e Internet, aunque sean de menores de edad y esté penado por las leyes, o vaya en contra de sus derechos.

    No se puede mostrar el rostro del principal ejecutivo del Grupo Clarín, porque eso es un ataque a la libertad de prensa, abusando de una persona enferma.

  • Se puede conocer el patrimonio de los funcionarios públicos, desde la Presidenta para abajo, accediendo por Internet a sus declaraciones juradas.

    No se puede conocer en detalle quienes son los verdaderos propietarios de algunos medios de comunicación, o cuanto ganan mensualmente algunos periodistas estrella de la radio y la televisión que pontifican sobre la honestidad, la ética y la transparencia.

  • Se puede conocer en cuanto se han enriquecido los funcionarios públicos durante el ejercicio de sus funciones, analizar si lo han hecho en forma ilícita a partir de sus ingresos declarados, y hasta llevarlos a juicio si se presume que lo han hecho en forma ilícita

    No se puede saber a ciencia cierta cuánto dinero facturan los grandes grupos económicos que dominan el negocio de la comunicación, si pagan regularmente los (pocos) impuestos que les corresponden, y si han declarado al fisco todos sus activos en el exterior.

  • Se puede echar sombra sobre la honestidad de los legisladores que votan de un determinado modo en el Congreso, si el sentido de su voto (aunque haya sido negativo) favorece la sanción de una iniciativa promovida por el gobierno.

    No se puede ni siquiera dudar en público o por escrito de los motivos que convencieron a los legisladores de votar la ley de protección de empresas culturales, que salvó de la quiebra a un connotado grupo de multimedios, o a un presidente de disponer por decreto la pesificación de deudas en dólares que licuó los pasivos de ése mismo grupo.

  • Se puede conocer en detalle la lista de los periodistas perseguidos, secuestrados, torturados, desaparecidos o muertos por la última dictadura militar.

    No se puede conocer la lista de los periodistas que durante años obtuvieron el beneficio de gozar de jugosos sobresueldos pagados con fondos reservados de la SIDE, para elogiar al gobierno de turno, u ocultar sus errores y corruptelas.

  • Se puede intentar la búsqueda de la verdad histórica y la justicia por los horrores de la dictadura, venciendo todo tipo de obstáculos, y permitir que más de cien chicos conozcan su verdadera identidad.

    No se puede saber a ciencia cierta si los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble son o no hijos de desaparecidos ilegítimamente apropiados.

  • Se puede conocer hasta el más mínimo detalle de las quejas y reclamos al gobierno de la Mesa de Enlace, la UIA, la Unión Industrial, los bancos o cualquier otro grupo de presión, incluso hasta de origen sindical según quien sea el que lo formule, porque son legítimas demandas de la sociedad.

    No se puede saber en qué condiciones trabajan los empleados de los medios de comunicación, si sus patrones respetan las leyes laborales, si han sido justamente despedidos cuando lo son, si se les pagan las indemnizaciones o se les otorgan aumentos de sueldo o los reclaman, porque ninguna información sobre eso circula en los medios de comunicación.

  • Se pueden invocar todos los pactos y tratados internacionales de derechos humanos para defender nuestros derechos, incorporarlos a la Constitución Nacional para darles más valor y, en base a ellos, derribar las leyes que construyeron un muro de impunidad para los crímenes de la dictadura.

    No se puede aplicar, invocar, legislar ni reglamentar el derecho de réplica que esos mismos pactos consagran, porque es considerado atentatorio de la libertad de expresión.

  • Se puede investigar a fondo cómo una empresa, un negocio o un servicio son privatizados o concedidos, o vuelven a la órbita del Estado, quienes y en que condiciones los compraron o vendieron, cuanto pagaron o les pagaron por hacerlo.

    No se puede saber con detalle en que condiciones los dos principales diarios del país obtuvieron de la dictadura el control monopólico de la mayor proveedora de papel para impresión del país, y en que condiciones lo venden al resto de los diarios aprovechando esa condición dominante.

  • Se pueden utilizar los medios para insultar, agredir, descalificar, injuriar, mentir, ocultar, extorsionar, operar para obtener una medida del gobierno o para impedirla, todo claro está adornado con el bello nombre de la libertad de prensa.

    No se puede usar la palabra Clarín en un blog.

  • Se puede cuestionar, discutir, debatir y poner en tela de juicio todas y cada una de las decisiones de éste gobierno y de todos los anteriores y los que lo sucederán, criticando su oportunidad, su acierto, sus intenciones, sus contenidos y sus resultados.

    No se puede discutir, en democracia y por el Congreso, una ley que reglamente el funcionamiento de los medios de comunicación audiovisual, porque es un intento despótico de controlar al periodismo independiente.

Viendo todo lo que se puede y lo que no se puede hacer me pregunto: ¿por qué razón siguen llamando al periodismo, la prensa o los medios de comunicación “el cuarto poder”?

¿Cuáles son los otros tres que están por encima de ellos?

Una mirada (interesada) sobre la Ley de Medios

Uno de los periodistas que más admiro es Javier Romero.

Javier, es el director de El Diario de Morón. Es el tipo que me dió la posibilidad de mi primer laburo en periodismo. En ese diario, que cada día crece más y que ya cumplió 20 años de trabajo, aprendí que ser independiente y ético es posible. Que se puede hacer periodismo en serio. En esa redacción ví discusiones basadas en ver que notas eran las más interesantes, cuales eran las que más fuerza tenían. Se pensaba como “descubrir la verdad”. Fue una gran experiencia empezar mi formación viendo que las tapas se decidían siguiendo esa búsqueda y no pensando en los beneficios económicos de un posible apriete mediático. En otros caminos periodísticos que recorrí después no encontré lo mismo.

Javier es un buen tipo que conozco hace casi 10 años. Y sigue laburando con la misma fuerza y el mismo coraje.

Para quienes no hayan leído “Vale Todo”, su biografia sobre Daniel Hadad, les recomiendo que lo hagan para entender un poco como se llegó al actual esquema de medios de comunicación.

Hace unos días, Javier publicó en su blog un artículo en referencia a la nueva ley de medios que está tratándose en el Congreso.

Comparto con uds la nota, y los invitó, como ya lo hice en otras ocasiones a seguir los escritos de Javier Romero.

No bajé ayer de Marte. No nací de un repollo ni de una probeta. Empecé mi secundaria en un barrio del conurbano en marzo del 76, casi en paralelo con el golpe genocida. En el 82, Alcoyana, Alcoyana, comencé la colimba al mismo tiempo que un general borracho le declaraba la guerra a Inglaterra por las Malvinas. Allí también masacraron a mi generación.

Me ilusioné con Alfonsín en el 83. Me desilusioné con la economía de guerra contra la población y de paz con el poder económico del 85. Peor cuando lo escuché calificar a quienes estaquearon a mis compañeros en las islas como “Héroes de Malvinas”. Y más aún cuando indultó al resto de los asesinos del proceso.

Por entonces busqué en los medios la expresión de mi bronca. Me costó horrores. Sólo había un puñado de excepciones. La mayoría de los medios se había acostumbrado a obedecer, primero a los milicos, negociando silencio manchado de sangre por más jugosos negocios y después al poder económico y a la Embajada, como se conoce en la Argentina a la representación diplomática de los Estados Unidos.

Acompañé entonces, de cerca, el nacimiento y desarrollo de medios comunitarios y alternativos. Medios truchos, fueron enseguida bautizados. Los grandes medios fueron de nuevo feroces y, a medida que crecían en audiencia e influencia, fueron perseguidos y atacados.

Había que correr con los equipos de trasmisión de un lado al otro.

Me decidí entonces a acompañar esas voces con un medio escrito. Así nacía El diario de Morón. Otra coincidencia, justo en el 89, casi en paralelo con Carlos Menem, por entonces con patillas y lejos del gran entregador de los 90.

Los grandes medios, como el resto de la economía se concentraron como nunca antes. Cinco medios, sentados alrededor de una paqueta mesa, y en muchos casos asociados a pooles extranjeros, decidían entonces qué debíamos saber o conocer el resto de los argentinos. Tenían medios escritos y llegaban con sus tentáculos al 80% de la audiencia de radios y televisión de nuestro país.

Encima, de la mano de un escandaloso acuerdo con la AFA, tenían también en sus manos el monopolio del deporte más popular de nuestro país, el fútbol. Fueron entonces, por los pequeños canales de cable del interior.

La maniobra funcionó más o menos así: llegaban a una ciudad, por ejemplo Mar del Plata. Montaban un canal de cable. Dejaban de venderle el fútbol al pequeño operador de Cable Color. El Grupo, entonces le ofrecía a los mismos abonados de Cable Color la señal al mismo precio, pero con fútbol. El pequeño canal con su noticiero propio y con varios programas locales a cuesta, se fundía y cerraba. El Grupo se quedaba con todo, y entonces el precio subía. Capitalismo salvaje. Capitalismo en su máxima pureza.

Así, sólo ese Grupo, que además tiene diarios, revistas, libros, radios, canales de TV, sitios de internet, entre otras pequeñeces, se quedó con el 60% del cable de la Argentina.

Ahogadas la mayoría de las radios comunitarias con el apoyo de las autoridades, después de cerrar cientos de señales locales de televisión, decidió ir también por los pequeños diarios locales. Y lanzó el Clarín Zonal. La política, entonces, no fue distinta: avisos debajo del costo, aprovechamiento de la imagen de marca gracias a la monopolización de la audiencia y la mirada entre venal y asustadiza de enfrentarse con el monstruo de los medios, de parte de los poderes de turno. Resultado cantado: cientos de pequeños diarios vecinales cerrados y el resto empobrecido. El derecho a la información, bien gracias.

Alfonsín los toleró, Menem los fortaleció, De la Rúa los obedeció, Duhalde les hizo una ley a medida y Néstor los toreó y les permitió una fusión vergonzosa. Pero este mes, todo cambió. Primero la desmonopolización del fútbol, y ahora el envío de una nueva ley de comunicación, fruto de la discusión de 1.200 organizaciones sociales.
Otra coincidencia. El mismo día, pero de hace 20 años, nacía El diario de Morón. Lo tomo como un regalo de cumpleaños. Gracias.

Javier Romero
Director El Diario de Morón

Además les dejo un video con una recopilación de opiniones que suman a este debate.

Video: El concierto de Juanes en Cuba visto desde el público

El concierto de Juanes en Cuba fue un hecho histórico para la isla. Más de 1 millón de personas se congregaron en la Plaza de la Revolución para bailar, cantar y disfrutar del espectáculo por la paz.

En el blog de Yoani Sánchez, férrea opositora al gobierno actual cubano, encontré un video interesante, que muestra el concierto, pero desde el lugar de los espectadores.

Comparto con uds este interesante material.

Más opiniones sobre la nueva Ley de Radiodifusión


Comparto con uds dos artículos de Jorge Muracciole y Ricardo Forster sobre el proyecto para la Nueva Ley de Radiodifusión.

Memoria social y ley de medios

La historia contemporánea es rica en diversidad de proyectos que supieron conectar con las necesidades de las grandes mayorías en un momento histórico. En general, estos proyectos dieron a luz o comenzaron a gestarse ante una profunda crisis de hegemonía de los sectores dominantes y una deslegitimación ideológica del ideario que disciplinaba a los más diversos sectores subalternos en cada sociedad.

Diciembre de 2001 en el caso argentino fue una oportunidad histórica para la gestación de un proyecto que tuviera en cuenta a las grandes mayorías perjudicadas por el integrismo neoliberal instalado por décadas. La crisis de la convertibilidad como modelo de país estalló, y demostró el flagrante desatino de pensar una sociedad donde su reproducción social esté ligada a la destrucción de las fuerzas productivas. La alucinación de un país “moderno”, como un país sin chimeneas, fue un despropósito fundante que expulsó a millones de argentinos de sus puestos de trabajo, con el discurso privatista como bandera. La venta de las joyas de la abuela y de las empresas estratégicas en materia de energía, recursos naturales, transportes y comunicaciones, permitieron perpetuar por casi una década una fantasía económica, naturalizada en el imaginario de grandes sectores de las capas medias, que disfrutaron de esos servicios a precio dólar en el famoso uno a uno.

Luego lo tristemente conocido, las rebajas salariales, el congelamiento de los haberes jubilatorios, el crecimiento exponencial de la desocupación y un país hiperdependiente a los avatares de las crisis financieras recurrentes, que llevaron a un cuello de botella que terminó con el corralón, el corralito y sus consecuencias económicas, sociales y políticas. La única virtud que tuvo la crisis fue su carácter transversal; la extensión de los afectados fue tan amplia, que dio origen a un nivel de novilización en el verano del 2001- 2002 impensado tan sólo un año antes. Todos deberíamos recordar la debacle de la convertibilidad para definir con más claridad qué proyecto de país es el que queremos.

En la crisis del 2001 se expresó el hartazgo de millones de argentinos a una década de especulación, negociados y exclusión. Fueron días de bronca e impotencia, momento en que se hablaba de déficit cero, y el riesgo país. Mientras tanto el futuro de todos se decidía en cada viaje que el superministro Domingo Cavallo realizaba a Washington o Nueva York. La convertibilidad escondía una profunda devaluación social, que nos sumergía en un uno a uno perpetuo de atomización.

El 19 de diciembre vimos a través de las pantallas de la realidad televisiva, decenas de saqueos a supermercados del Gran Buenos Aires. Todo se encaminaba hacia el discurso legitimador del estado de sitio, del gobierno de De la Rúa, pero el sonido atronador de las cacerolas inundó de humanidad las principales arterias porteñas y dio –esa noche– lugar a lo imprevisible. Luego de la caída del gobierno de la Alianza, la crisis política no daba respiro y se sucedían los presidentes semana a semana. El “que se vayan todos” fue la consigna durante todo el verano y pese a los malos augurios de los gurúes del neoliberalismo que pronosticaban un dólar a 15 pesos, se llegó a las elecciones del 2003, con los partidos tradicionales profundamente debilitados y fragmentados. A tal punto que con un 23% de los sufragios, el espanto al pasado de la inmensa mayoría de la sociedad hizo imposible un ballottage al pasado menemista.

Ese sentido común, saturado de neoliberalismo, fue la argamasa social que posibilitó el proceso abierto en el 2003, y que instaló en la escena nacional al kirchnerismo, con la profunda debilidad de ser tan sólo una ínfima fracción de uno de los partidos tradicionalmente mayoritarios.
El concepto de transversalidad y la apuesta a una Argentina progresista, plural y con memoria del pasado, fue la que permitió retomar la tarea pendiente en materia de derechos humanos e intentar navegar, durante los primeros cuatro años del gobierno k, en un mar de intereses contradictorios que el viento de cola en materia de demanda internacional de productos primarios permitió un trayecto con escasas turbulencias. Pero la historia volvió a mostrar su naturaleza paradojal, y las razones por las cuales fue posible el desarrollo del proyecto k, fueron las mismas causas que afectaron el interior de su bloque social que le daba sustento. Las perspectivas de crecimientos sin límites de los precios de la oleaginosa estrella –la soja– fue el detonante de una puja –meses antes– impensada. Y se constituyó de tal forma que al modificarse alteró toda la ecuación social del gobierno kirchnerista.

Hoy, a año y medio de dicho punto de inflexión nos encontramos ante la necesidad de debatir, ante la ruptura de ese bloque, cuál es el proyecto de país que queremos la mayoría de los argentinos. Y esa batalla no puede darse con la profunda asimetría existente en materia comunicacional, heredada de la Argentina dictatorial y preservada por veinte años de democracia formal, de ese consenso ecuménico, entre el stablishment y los partidos mayoritarios, de alternancia parlamentaria para no cambiar las profundas raíces de iniquidad de las estructuras económicas y sociales, que perpetúan la desigualdad entre los grupos económicos y la inmensa mayoría de los que viven de su trabajo.

De ahí que la batalla por la democratización que se sintetiza en la nueva ley de medios audiovisuales, que se debatirá en el Parlamento, y de las modificaciones en lo concerniente a la desmonopolización y distribución entre las fuerzas de la sociedad civil como cooperativas, sindicatos y universidades, de la posesión de los medios de comunicación de masas, sea la madre de todas las batallas.

Poder debatir en igualdad de condiciones implica que los medios de comunicación –herramienta fundamental para dotar de sentido los hechos de la realidad cotidiana tanto en materia económica, política y social– tendrán que dejar de estar en manos de grandes grupos monopólicos que representan intereses económicos y sociales infinitamente minoritarios.

Jorge Muracciole
Sociólogo docente Fac. de C. Sociales UBA

El carrusel argentino y el debate por la ley de medios

El carrusel argentino sigue dando vueltas y, cada tanto, se detiene esperando que quien tuvo la suerte de sacar la sortija la devuelva para que siga girando y girando mientras los que van dentro buscan afanosamente hacerse con el premio. El 28 de junio eran muchas, diversas, pero fácilmente reconocibles las voces que expresaban su certeza de ser los tocadas, ahora sí, por la magia de la calesita y de su sortija. Se anunciaba a viva voz que aquello inaugurado en mayo del 2003 se cerraba inexorablemente, que los tiempos estaban cumplidos y que desde ese día poselectoral se trataría, casi exclusivamente, de preparar todo para una transición ordenada hacia el 2011.

Mientras esa alianza variopinta y algo impresentable comenzaba a disputar quién se quedaba con el premio; mientras los “periodistas independientes”, esos que siempre hacen fe de objetividad informativa y de virtuosismo republicano, pero que nunca se atreven a poner en discusión la estructura de poder que se esconde en el entramado corporativo-monopólico de las empresas mediáticas que contratan sus servicios, nos explicaban de mil maneras la felicidad que sentían por el fin del kirchnerismo; mientras los dueños de la tierra volvían a disfrutar de un déjà vu que los depositaba en la Argentina del Primer Centenario y no dejaban de mostrarse como los emergentes victoriosos de unas elecciones a las que ellos contribuyeron con su mística campestre y su vocación patriótica; mientras otras corporaciones económicas, en especial las que reúnen a los grandes empresarios, se sentían nuevamente habilitados para descargar toda la batería de su ideología neoliberal.

Mientras muchas de estas cosas sucedían, lo que imprevistamente aconteció fue, de nuevo, el horror de los horrores: el gobierno de Cristina Fernández, lejos de mostrar las inequívocas señales de la retirada, ordenada o desordenada, prolija o desprolija, en el 2011 o antes, regresó sobre su incuestionable vocación de actuar políticamente, de tomar el toro por las astas, y se dedicó, para desconcierto de todos esos anticipados ganadores del premio mayor, a colocar en el corazón de la vida argentina una serie de notables medidas que no han dejado de sacudir y de conmover el escenario contemporáneo.

Inició ese itinerario sorprendente con la decisión de viajar a Honduras en apoyo al gobierno democrático de Zelaya (y no dejaría de asumir un rol protagónico en las semanas sucesivas y en el memorable debate que la Unasur llevó a cabo en Bariloche para discutir el asentamiento de nuevas bases militares norteamericanas en Colombia); continuó con el diálogo político al mismo tiempo que lograba por amplia mayoría prorrogar los poderes especiales.

En el ínterin, todos aquellos que iban en el carrusel comenzaron a mirarse entre espantados, sorprendidos y confundidos. ¿Qué estaba pasando? Acaso no habían ganado las elecciones, acaso no estaba decretado el certificado de defunción de un gobierno populista y confrontativo.

Mareados contemplaron, ahora sí sin red de contención, de qué modo el fútbol, núcleo clave de la cultura cotidiana de los argentinos, ya no sería el objeto de un negocio espectacular de la corporación mediática, sino que sería distribuido democráticamente por la televisión pública a todos los hogares del país.

Casi como al descuido, y viniendo de otro poder, la Corte Suprema se despachó con la legalización del consumo personal e íntimo de la marihuana y otras yerbas, acercándose a un viejo reclamo del propio Poder Ejecutivo y logrando espantar, como era lógico, a la caterva conservadora-ultramontana que salió a manifestar su oposición absoluta y a denunciar la complicidad de los jueces de la Corte con el narco.

Todas las alarmas se encendieron pero la confusión era completa, asfixiante. No podían ponerse de acuerdo, todos hablaban a la vez y no lograban consolidar nada en común. Reutemann, el candidato soñado desde las entrañas del consevadurismo duhaldista, entraba, de nuevo, en su laberinto inextricable y oscuro; Macri tenía que deshacerse, por el efecto de una amplia movilización de diversos sectores sociales, políticos y derechos humanos, del “Fino” Palacios mientras De Narváez ensayaba, con su escaso vocabulario político y sus frases minúsculas, la defensa de la libertad de expresión ante la avanzada, ¡cuidado!, del chavismo; el Grupo Clarín profundizaba su metamorfosis hasta ofrecerse, a la opinión pública, como una desesperada empresa en vías de perder sus extraordinarios privilegios y sus fabulosas ganancias; Grondona y Morales Solá, desde las páginas de La Nación, emitían amargas quejas ante tanta ineptitud opositora y el empresario Daniel Vila vomitaba todo su odio y su resentimiento.

Pero el fútbol estaba anticipando aquello que hoy conmueve profundamente a todos aquellos que desde los albores de la recuperación democrática vienen bregando por una nueva ley de radiodifusión. Lo que venía siendo eternamente postergado, lo que encallaba ante la presión y el chantaje de la corporación mediática, aquello que nos recordaba, como si fuera un insulto, que entre nosotros persistía todavía la dictadura, encontró, desde el Poder Ejecutivo, pero en consonancia con años de acción militante de infinidad de organizaciones y personalidades que lucharon por la democratización de la comunicación, el camino, ahora sí, hacia el Congreso de la Nación.

La entrada, la semana pasada, del proyecto de ley de servicios audiovisuales supone, estimado lector, un acontecimiento histórico de enorme magnitud y no sólo por su relevancia en la esfera de la comunicación y la información, sino porque habilita un extraordinario debate que atraviesa de lado a lado la vida de los argentinos. Todo se está y se seguirá discutiendo: la significación de los lenguajes audiovisuales en la trama de nuestra cotidianidad; la relación entre democracia y corporaciones económicas; lo público y lo privado, el mercado y la cultura; el poder y sus modalidades; la libertad de expresión, los monopolios y el rol de las empresas mediáticas; los distintos modos de la distribución tanto de la riqueza material como de la cultural-simbólica. Algo de inusual importancia se ha liberado en el presente nacional; algo que supone abrir los múltiples tonos de un debate fundacional y decisivo.

No se trata, entonces, de un problema entre el Gobierno y el Grupo Clarín. Se trata de algo mucho más sustancial y decisivo, se trata de la democracia, de su calidad, de su diversidad y de su multiplicidad. Se trata de abrir espacios para que aquellos que no suelen tenerlos puedan manifestarse. Voces y más voces para ampliar la democracia y la participación. Pero se trata, también, de enfrentar la naturalización neoliberal que nos hizo creer que el mundo de la comunicación y de la información se correspondía con la única forma viable en la época del capitalismo especulativo-financiero: el mercado y sus leyes, el mercado y sus beneficios. Este giro inesperado supone abrir las compuertas para liberar los lenguajes de la comunicación de su encorsetamiento privatista y rentabilístico; supone buscar otros vínculos entre lo público y lo privado.

Lejos entonces de la pasividad y mucho más lejos de aceptar que su hora ya está cumplida, el Gobierno ha doblado la apuesta y ha colocado en el corazón de la democracia argentina la posibilidad de recrearla en un sentido más genuino y decisivo liberándola del peso asfixiante que todavía significa la persistencia de una ley heredada de la noche dictatorial. Nada más y nada menos. Y mientras tanto el desconcierto reina entre los que creían haberse sacado la sortija.

Ricardo Forster

Sarlo y la mirada sobre los intelectuales del kirchnerismo

Hoy Beatriz Sarlo publicó una interesante nota en La Nación donde analiza el rol de los intelectuales kirchneristas y lo relaciona a otras posturas anteriores de intelectuales del peronismo original.

En el país de los fiscales ideológicos

Lanzados a la ardua tarea de darles sustento a las políticas del Gobierno, los intelectuales kirchneristas, hijos de la llamada izquierda nacional, parecen reclamar para ellos el derecho a definir quiénes son los intérpretes válidos de la voluntad popular, quién es progresista y quién artífice de una nueva derecha, según se apoyen o no las iniciativas presidenciales. ¿Cuál es el debate posible si cada crítica es leída como una conspiración?

Por Beatriz Sarlo

No es la primera vez en la historia de los últimos setenta años que intelectuales peronistas juzgan quién es verdaderamente de izquierda y quién es de derecha en la Argentina. Carlos Altamirano recuerda que el tema del divorcio entre las elites culturales y el pueblo es todavía más viejo y que fueron los nacionalistas de los años treinta los que denunciaron a quienes, en palabras de Ramón Doll, fueron responsables de que “nuestra cultura haya vivido siempre desasida, desprendida del país”. El nacionalismo reaccionario transformó a la pequeña burguesía ilustrada en objeto de su desprecio o en explicación de un prolongado desencuentro con la nación. Pero la condena de los intelectuales por cosmopolitas e incapaces de comprender la fuerza transformadora del pueblo realmente existente también es ejercida por quienes llegaron al nacionalismo desde el marxismo o el trotskismo.

En 1960, Juan José Hernández Arregui publicó un libro denso y muy citado en los años que siguieron, La formación de la conciencia nacional. El título designaba el proceso secular durante el cual las masas criollas fueron expropiadas por la oligarquía terrateniente, el imperialismo británico y los hijos de la inmigración que despreciaban la cultura y el territorio donde habían prosperado. Sólo la llegada del peronismo, en 1945, habría permitido que una conciencia nacional en ciernes comenzara su largo camino aunque atada a los límites que el mismo Perón impuso a su movimiento.

Hernández Arregui es severo con la pequeña burguesía intelectual que, en su opinión, nunca entendió a la clase obrera ni tocó el basalto criollo de la Argentina profunda. Más culpable que Perón mismo, por lo tanto, en las inconsistencias del peronismo que quedó encerrado, por defección y dogmatismo de los intelectuales, dentro de las posibilidades ideológicas del líder. Por esos mismos años, Rodolfo Puiggrós publicaba los tomos de su Historia crítica de los partidos políticos , que condena no sólo al Partido Comunista, del que provenía Puiggrós hasta que encontró en su camino a las masas movilizadas por Perón, sino también a los socialistas. Otro fiscal de la izquierda fue Jorge Abelardo Ramos, que no puede ser más cruel con los socialistas a quienes acusa de todas las mezquindades: pequeña gente ilustrada pero irremediablemente tonta, extranjerizante y, como los comunistas y los gorilas, despreciativa de las masas populares. La gran pluma polémica del trotskista filoperonista Ramos ya era conocida porque, con el seudónimo de Víctor Almagro, había escrito cotidianamente en Democracia , el diario del gobierno, entre 1952 y 1955.

Si bien Hernández Arregui y Puiggrós no son mencionados por el nuevo secretario de cultura Jorge Coscia, es imposible prescindir de ellos para hacer la historia de las ideas del peronismo juvenil setentista. Coscia se limita a una línea de esa Gran Tradición que mezcla cantantes, poetas del tango, escritores y publicistas: Raúl Scalabrini Ortiz, Arturo Jauretche, Cátulo Castillo, Hugo del Carril, Rodolfo Walsh, Enrique Discépolo, Homero Manzi, el uruguayo Methol Ferré, Jorge Abelardo Ramos, Jorge Spilimbergo, Blas Alberti, Norberto Galasso. La mención de estos cuatro últimos, para cualquiera que conozca las fracciones de la izquierda de los años sesenta y setenta, significa una sobrerrepresentación del Partido Socialista de la Izquierda Nacional, fundado por Jorge Abelardo Ramos, compañero de ruta del peronismo hasta que su fundador terminó como embajador de Menem en México; ese partido fue también la primera estación política de Ernesto Laclau.

En ese comienzo de La formación de la conciencia nacional , Hernández Arregui sintetiza uno de los temas del debate de ideas que todavía hoy resuena en las esquinas donde Carta Abierta lee sus manifiestos. Define una posición clave “contra la izquierda argentina sin conciencia nacional y el nacionalismo de derecha, con conciencia nacional y sin amor al pueblo”. Es decir, una izquierda que no entendía la Nación y una derecha que decía entenderla pero despreciaba la Nación popular concreta. La alternativa podría reformularse hoy en los siguientes términos: un republicanismo sin conciencia popular y un populismo sin amor por las instituciones de la República. Como sea, un dilema para los intelectuales de Carta Abierta.

Mito identitario

Sin embargo, no se ha demostrado todavía que todos aquellos que reclaman más república lo hagan para impedir solapadamente que se expandan las reformas sociales de carácter popular que serían patrimonio del Gobierno. En primer lugar, porque nadie ha probado que esas reformas sean ni profundas ni eficaces ni duraderas. En segundo lugar, porque nadie ha demostrado todavía la insensibilidad de varias líneas radicales o de origen radical, ni de las líneas principales del partido socialista (excluyo a los socialistas que se pasaron al kirchnerismo). Tampoco podría afirmarse, sin más, que políticos que reivindican al gobierno, como Sabatella o Heller, sean automáticamente antirrepublicanos. Más bien, son claramente herederos de una vieja estrategia del Partido Comunista: la de criticar lo negativo y apoyar lo positivo, algo más fácil de decir que de hacer, y que Sabatella frasea exactamente como se fraseaba en el partido donde comenzó su experiencia de militancia.

El dilema descrito por Hernández Arregui es, sobre todo, la forma en que el peronismo de izquierda (es decir los peronistas que se sienten progresistas y peronistas, no el Partido Justicialista) elige designar sus dificultades. John William Cooke, en una temprana carta a Perón que todavía estaba exiliado en Caracas, ya afirma que “ninguna otra fuerza política argentina ha demostrado poseer la cohesión ideológica y social y la dinámica revolucionaria” del peronismo. La convicción expresada en 1957 recorrió un largo camino. Es más que una descripción política, un mito identitario. Diez años después, Cooke seguía convencido de que el peronismo es “revolucionario por esencia”.

Hoy se diría: el peronismo es democrático por esencia, porque allí están, o estaban o siguen estando, pero cada vez un poco menos, aquellos sujetos que pueden ser concebidos como los sujetos de la democracia: el peronismo es el pueblo. En consecuencia, si la revolución está a la orden del día, como lo estuvo para muchos de nosotros en el pasado, la revolución se llama peronismo y sólo se trata de que la burocracia peronista y, en ocasiones el mismo Líder, sean conscientes de este hecho ineluctable. Y si lo que está a la orden del día es la democracia y la redistribución, el peronismo lleva su nombre y no puede traicionarlas.

Por eso, la palabra traidor tiene un valor tan fuerte dentro del peronismo: se traiciona un mandato que viene desde las masas portadoras de una “esencia”, confiada en un momento a Perón, pero que sigue siendo su sustancia constitutiva. Contra esto no hay nada que hacer. Jorge Coscia, en su primer discurso como secretario de cultura, repitió lo que repiten los custodios de la esencia: nunca habrá reconocimiento suficiente para los que a su vez supieron reconocer en el pueblo la verdad de la Nación. Siempre se hablará poco de Scalabrini Ortiz o de Rodolfo Walsh, aunque la Argentina tenga centros culturales, avenidas, plazas y bibliotecas que se inauguren homenajeando la Gran Tradición.

Es alineada en esta Gran Tradición que la Presidenta no mide sus palabras: le contaron una obra de teatro sobre Dorrego, se le activa el pasado estudiantil revisionista y se identifica con Dorrego; le regalan un volumen con escritos de Sarmiento y responde que “ella no es muy sarmientina”. ¿Qué anécdota estará recordando, qué fogón estudiantil? Sin embargo, el peronismo habilita estas respuestas: en los años setenta, todos sabían que no había que ser sarmientino y que, en cualquier caso, Dorrego era preferible a Lavalle. Era el sentido común de la juventud radicalizada.

Producir un “sentido común”, en el sentido de Antonio Gramsci, es una victoria cultural posiblemente irrepetible, porque (y en esto coincido con los intelectuales de Carta Abierta) el sentido común hoy no circula por espacios autónomos de la esfera pública sino en los medios. En realidad el kirchnerismo nunca fue hegemónico en un sentido gramsciano, porque no tiene los medios intelectuales para construir una hegemonía cultural. El cualquierismo cultural que va de Nacha Guevara al nacionalismo visceral y macho de Coscia no es una hegemonía cultural.

El primer peronismo se implantó sobre la base del derecho a tener derechos. No todos los reclamos eran atendidos, pero, en la imagen que prevalecía para los peronistas, todos los reclamos sociales eran justos. Esto implica un “sentido común” que une transformación cultural y cambio en las condiciones materiales de vida. Fue la novedad del peronismo incluso cuando descabezaba un dirigente sindical retobado o reprimía una huelga. A su manera, el peronismo de 1945 a 1955 se sentía “revolucionario por esencia”.

Hoy esto no sucede. Carta Abierta avanza algunas explicaciones y señala entre los responsables a una Nueva Derecha. “No duda en reclamar para sí lo mejor de la tradición republicana y democrática; es una nueva derecha que no se nombra a sí misma como tal, que elude con astucia las definiciones al mismo tiempo que ritualiza en un mea culpa de pacotilla sus responsabilidades pasadas y presentes con lo peor de la política nacional, bendecida por frases evangélicas que llaman oscuramente a la vindicta de los poderosos que aprendieron a hablar con préstamos del lenguaje de los perseguidos”.

Una Nueva Derecha caracterizada de este modo existe como fracción de la política nacional y, si ha avanzado más de lo que podía preverse, es por la incapacidad del justicialismo de defender sus programas y de llevarlos a la práctica. Si actualmente hay tantos o más pobres que en el 2005, es trivial solicitar a cualquier sector que no se refiera a los pobres; esos favores no se piden ni se hacen en ninguna parte del mundo. Los intelectuales de Carta Abierta pueden defender sus banderas para que no se las arrebate la Nueva Derecha, pero lo primero que tienen que hacer es exigir a su gobierno que no las abandone en cualquier parte para que ésta decore sus propios palcos. Todos debemos denunciar el travestismo de los discursos políticos, pero también las condiciones que hacen que esos lenguajes travestidos sean escuchados y parezcan más verdaderos que los discursos que, hipotéticamente, no se han disfrazado de lo que no son. Quizás la batalla sea difícil, pero no se ganará solamente denunciando lo que la Nueva Derecha le hace al Gobierno, sino lo que el Gobierno deja de hacer y sus partidarios han tardado tiempo en señalar, aunque en la última Carta Abierta se lean los cimbronazos del desencanto con el gobierno.

Una nueva política

Los intelectuales de Carta Abierta denuncian de un modo con el cual no puede sino acordarse que “El descrédito de lo político comienza por destituir a las masas populares y sus imperfectas maneras, para hacer pasar por buenas sólo las supuestas movilizaciones pastoriles”. Muchos discutimos durante todos estos años la idea demasiado simple de un espacio público organizado geométricamente para que las manifestaciones de unos (piquetes urbanos y rurales) no obstruyan el derecho de otros. El espacio público es siempre un espacio en conflicto porque allí se enfrentan derechos igualmente legítimos pero momentáneamente incompatibles. En los peores años de la crisis, la ocupación del espacio público fue, en ocasiones, el único modo de hacer visible el reclamo de quienes estaban cayendo en la miseria. Ocupar fue la única forma de que acudieran allí la televisión y los diarios que, en esos momentos, no parecían los protagonistas satánicos que hoy son para Carta Abierta. Algunos dijimos que era posible criticar a D´Elía, separándolo de los miles de piqueteros que eran masa de maniobra sin poder aspirar a otra condición. Criticar el cúmulo de imperfecciones del kirchnerismo no es atributo de la Nueva Derecha sino de todos los que queremos una nueva política.

En realidad, si hay una Nueva Derecha de base rural, es menos probable que provenga de una conspiración destituyente que de la torpeza con que Kirchner manejó el conflicto, haciendo exactamente lo contrario de lo que habría aconsejado Perón y cualquier otro político sensato: dividir ese conflicto en varios frentes diferenciados por sus reclamos, negociar y conceder allí donde fuera posible, impedir la escalada, conversar como se lo aconsejaron desde Alberto Fernández hasta, en un momento inesperado, Hugo Moyano. El que azuzó a la reacción fue Kirchner, no la Iglesia ni el partido radical ni los intelectuales opositores.

Kirchner se guió simplemente por la temperatura que recalientan los medios audiovisuales, porque no tuvo claridad intelectual para manejar un conflicto complejo. Nombró a los ruralistas su enemigo principal, mientras que, con menos gasto, hubiera podido tener a algunas de las organizaciones de la Mesa de Enlace almorzando en el quincho de Olivos. Ideologizó el conflicto, pero no porque acertara en distinguir allí las líneas ideológicas y socioeconómicas y tomara partido, sino porque las emblocó creyendo equivocadamente que todos eran miembros de la restauración negra. Tuvo una visión conspirativa que siempre es la peor de las interpretaciones.

Los intelectuales de Carta Abierta insisten hoy con una interpretación que también puede ser pensada como conspirativa: “En una iglesia de Liniers, en los palacios vaticanos, en los palcos ruralistas y en los grandes medios se agitan hilos que provienen del mismo ovillo”. Por eso concluye: “Sin retenciones hay limosna. Con retenciones: debate público y politización”. Los partidos políticos han propuesto comenzar un diálogo sobre políticas sociales con soluciones distintas de lo que ha propuesto el Gobierno hasta el momento. El gobierno no ha querido escuchar. A esta ausencia de escucha los intelectuales de Carta Abierta la llaman “debate público y participación”. ¿En qué sujetos del debate están pensando? ¿Van a excluir a todos los que no se juramenten en favor de la política de retenciones del Gobierno? El debate es técnico además de político y los intelectuales de Carta Abierta harían bien en tomar en serio esa dimensión técnica sin apresurarse a responder (porque es sabido) que todo lo técnico es político.

Como los intelectuales de Carta Abierta, también me parece indispensable una mayor politización del debate. Para que sea más politizado y más denso culturalmente tiene que haber sujetos cuyo derecho al debate se reconozca. El debate no es algo que se acepta cuando falló lo demás ni un último recurso al que se llega porque no hay más remedio. No voy a pedir que la Presidenta responda con temperamento tranquilo, porque en política no se pide lo imposible. Pero creo posible que los dilemas sobre quién interpreta la verdad de la hora no vuelvan a repetirse. Afortunadamente el kirchnerismo no es nuestra última oportunidad.

¿Qué pasa con la Ley de Radiodifusión?

Miguel Jorquera, un excelente periodista y ex compañero en El Diario de Morón, escribió esta nota explicando lo que pasó ayer con la Ley de Radiodifusión al tratarse en varias comisiones.

Foto: Rob Mac

Y un día arrancó. Después de casi veintiséis años de democracia, el Congreso empezó a debatir ayer el proyecto oficial de Servicios de Comunicación Audiovisual que reemplazaría a la ley de Radiodifusión dictada por la última dictadura militar.

El plenario de las comisiones legislativas de Comunicación, Presupuesto y Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados escuchó, realizó preguntas y propuso modificaciones sobre la iniciativa al titular del Comfer, Gabriel Mariotto, que se comprometió a “explorar” las propuestas para “hacer la mejor ley”.

El martes próximo comenzará una seguidilla de audiencias públicas “sin restricciones”, que en principio abarcaría hasta el jueves, aunque podrían extenderse aún más. El núcleo duro de la oposición al proyecto –el radicalismo, la Coalición Cívica, el PRO, el peronismo disidente y el cobismo– se abroqueló detrás de la propuesta de la Comisión de Libertad de Expresión, que preside la radical Silvana Giúdici, de extender las audiencias públicas a siete regiones del interior del país y amenazó con retirarse del debate si no se cumplía su exigencia. Ahora, la oposición ya piensa en convocar a audiencias paralelas, en pos de su objetivo de estirar todo lo posible el tratamiento del proyecto en el recinto.

Fue una extenuante jornada marcada por los vaivenes políticos en las más de ocho horas de discusión. Poco después de las seis y media de la tarde, el kirchnerismo y sus aliados más fieles se impusieron en una votación nominal del plenario, que convocó al inicio de las audiencias públicas a partir del martes próximo y que también están pautadas para miércoles y jueves. El viernes 11 por la mañana volverá a reunirse el plenario de comisiones para definir cómo continuará el recorrido parlamentario del proyecto por la Cámara baja.

Algunos legisladores kirchneristas especulaban que el viernes que viene ya podrían emitir dictamen de mayoría. Otros, en cambio, auguran que antes sería mejor repasar el porotómetro: “No somos suicidas. Vamos a bajar al recinto sólo cuando tengamos los votos”, precisaron a Página/12.

Los miembros de la conducción de la bancada oficialista ya están abocados, junto a técnicos del Comfer, a realizar modificaciones para darle mayor precisión al texto del proyecto e introducir algunos cambios en los temas más cuestionados por opositores y aliados: las características y composición de la autoridad de aplicación, ponerle límites al ingreso de las telefónicas al negocio de los medios de comunicación y modificar el artículo 40 sobre la revisión cada dos años de las licencias.

Estos reclamos unifican a todo el arco opositor. Pero también a algunos oficialistas y aliados que impulsan la ley: una lista que abarca a los peronistas chubutenses –como lo expresó en el plenario Juan Pais–, los radicales K y los bloques de centroizquierda que incluye a Solidaridad e Igualdad, Proyecto Sur, Libres del Sur y Miguel Bonasso.

Antes, el propio Mariotto fue quien abrió las puertas a las modificaciones en sus respuestas. El interventor del Comfer dijo que “no está en el espíritu del proyecto revisar cada dos años las licencias, sino aspectos que tienen que ver con la incorporación de nuevas tecnologías como la digitalización del sistema”, pero que estaba dispuesto a revisar la redacción del artículo para darle “mayor precisión y despejar dudas”.

Mariotto defendió que la autoridad de aplicación quedara en manos del Gobierno “porque no hay antecedentes en la legislación internacional, aun en los países más avanzados, que esta atribución se maneje con otros criterios”. Aunque se mostró más permeable y pidió los textos de las propuestas para modificar la composición de los organismos de control como el Consejo Federal y la Comisión Bicameral.

También explicó los “límites que el proyecto impone a los nuevos jugadores” que habilita la iniciativa: las telefónicas. Aseguró que tendrán las mismas restricciones que el resto de los operadores: “No podrán pasar más allá del 35 por ciento del mercado, el tope de 24 licencias y la composición del 70 por ciento de capital nacional”. Pero dejó abierta la recepción de otras sugerencias en la redacción del texto.

A propósito de este último punto, Eduardo Macaluse y Carlos Raimundi, de SI, advirtieron a Mariotto sobre el cuidado que debería tener la redacción final del artículo que establece la necesidad de una mayoría de capitales nacionales, por lo que establecen los Tratados de Protección de Inversiones (TPI), firmados con 54 países. Lo que podría exponer a la futura ley a reclamos judiciales en tribunales internacionales.

Pero la jornada de discusión se había iniciado con un revés para el oficialismo. La Comisión de Libertad de Expresión fue citada por Giúdici una hora antes del plenario y logró emitir una propuesta –que nucleó al grueso de la oposición– para prolongar el debate por dos meses en siete regiones del interior del país. La propuesta fue llevada al plenario como condición para iniciar el debate. Incluso, Giúdici insistió que había que discutir la metodología antes de escuchar a Mariotto y hasta amenazó con retirarse del plenario. La intervención de otros opositores lograron apaciguar los ánimos y encaminar la apertura del debate. Sólo la encendida intervención opositora al proyecto de Patricia Bullrich le dio pie a Giúdici para volver a la carga, sin suerte, con su reclamo.

“Fue una provocación política. Giúdici primero reclamó la incorporación de su comisión al plenario y después rompió el acuerdo. Sólo quieren prolongar indefinidamente el debate”, dijo el jefe del bloque K, Agustín Rossi.

La votación volvió a poner en discusión el insistente reclamo de la diputada radical. Giúdici cuestionó primero algunos aspectos de la votación –que terminó 34 a 24 a favor del oficialismo–, pero ya tenía en mente otra salida: convocar a audiencias paralelas. Habrá que ver qué sectores de la oposición deciden acompañarla en la confrontación.

La ley de Medios en Argentina


Finalmente la presidenta Cristina Fernandez presentó el proyecto para una nueva Ley de Radiodifusión.

Y los medios reaccionaron.

Naturalmente, el más duro fue la empresa/multimedio Clarín (Dueño del negocio de la TV por cable de la Argentina y que acaba de sufrir el golpe de perder los derechos del fúbtol Argentino). Este diario tituló: “El Gobierno envió al Congreso un proyecto para controlar a los medios”.

Crítica no se quedó atrás y auguró “aires de guerra”: “La democracia a prueba por la guerra contra los medios”.

La Nación, un poquito más objetivo, rescató las críticas de la oposición. Sin embargo, también publicó una nota de un victimizado Joaquín Morales Solá.

El oficialista Página 12, habló del reemplazo de una ley de la dictadura: “Tirando Onda”.

Es dificil poder seguir una discusión seria en los medios cuando los que los conforman tienen que responder a los sectores económicos que los sustentan. Es decir, difícilmente los periodistas empleados por estos grandes conglomerados económicos puedan hablar a favor de una ley que los controle. Seguro habrá alguno para demostrar que sí existe la libertad de expresión en la conformación actual de medios. Sobre este tema es muy interesante la reflexión de Victor Hugo Morales respondiendo a Lilita Carrió.

Por mi lado estoy muy contento que se haya presentado esta iniciativa al Congreso Nacional. Si bien, no estoy de acuerdo con el proyecto en todos sus puntos (Creo que queda mucho más por definir y mejorar) me parece un buen punto de partida. Me parece excelente que finalmente se discuta el rol de la comunicación y la información para una sociedad.

Más allá de las intencionalidades del gobierno pingüino, me parece que no se debería desaprovechar esta oportunidad por mezquindades coyunturales. La oposición debería sentarse a discutir y mejorar este u otro proyecto para lograr finalmente democratizar la comunicación y cambiar este panorama en el cual una o dos empresas de medios monopolizan la agenda pública.

No es de extrañar que uno de los políticos de la oposición más activos contra esta ley sea Francisco de Narvaez, dueño de La Rural S.A., América TV, del diario Ambito Financiero, de la cadena radio La Red y principal accionista de D&S.

Para cerrar, les dejo los puntos centrales del famoso Informe McBride sobre los cuales había de construirse el Nuevo Orden Mundial de la Información y Comunicación (NOMIC):

  • Eliminación de los desequilibrios y Desigualdades entre el tercer mundo y los países desarrollados
  • Erradicar los efectos negativos que se producen por la creación de monopolios
  • Liquidar las barreras, tanto internas como externas, que impiden la libre circulación y una difusión equilibrada de la información
  • Garantizar la pluralidad de las fuentes y los canales de la información
  • Garantizar, a su vez, la libertad de prensa y de información
  • Aumentar la capacidad de los países del tercer mundo para mejorar la situación, el equipamiento y la formación profesional de los periodistas
  • Cooperación de los países desarrollados hacia el cumplimiento del punto anterior
  • Respetar la identidad cultural y el derecho de cada país de informar a los ciudadanos del mundo de sus aspiraciones y sus valores, tanto sociales como culturales
  • Respetar el derechos de todos los pueblos del mundo a participar en los flujos de información internacionales
  • Respetar los derechos de los ciudadanos de acceder a las fuentes de información y de participar activamente en el proceso de comunicación

Si luego de leerlos, les parece que no es necesaria una nueva ley de radiodifusión es porque seguramente se apellidan Noble.

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