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La protesta en contra de la megaminería sigue creciendo
Para los lectores habituales de Listao, Darío Aranda es un viejo conocido. Uno de los periodistas argentinos que trabaja en los temas candentes buscando la verdad y no cercenandola de acuerdo a conveniencias partidiarias o corporativas.
Hoy publicó un artículo en Página 12 donde analiza los levantamientos de varios pueblos argentinos en contra de la Megaminería.
“En Argentina hay decenas de Famatina”, avisa Urbano Cardozo, jubilado, militante socioambiental, que vive desde hace 73 años en la cuna de la megaminería argentina: Andalgalá (Catamarca), donde hace 18 años se instaló Bajo la Alumbrera, el yacimiento de oro y cobre más grande del país. “Es el caso testigo de que no produce ni trabajo, ni desarrollo local y sí produce contaminación”, denuncia Cardozo y advierte que Famatina es “un paso más hacia la pueblada nacional que tenemos que hacer contra el saqueo y la contaminación”. Según datos de la Secretaría de Minería de Nación, la exploración minera aumentó en los últimos ocho años un 664 por ciento. Un informe de la Red de Asistencia Jurídica contra la Megaminería (Redaj) detalla que en la actualidad se encuentran en explotación 14 yacimientos y existen al menos 121 proyectos en exploración. “El avance minero tiene directa vinculación con la violación de derechos humanos, observamos que ante cada intento de instalación se produce una alta conflictividad social que lleva años sin resolverse, como es el caso de Famatina y Andalgalá”, denunció Soledad Sede, de la Redaj.
En la década del ’90 se sancionó la ingeniería legal para el de-sarrollo de la megaminería. En 1994, comenzó la construcción del yacimiento Bajo la Alumbrera, de capitales suizo-canadiense. En la actualidad están en marcha otros 13 proyectos: Cerro Vanguardia, San José-Huevos Verdes, Manantial Espejo, Martha y Espejo (Santa Cruz); Veladero, Casposo y Gualcamayo (San Juan); Pirquitas y El Aguilar (Jujuy); Salar del Hombre Muerto (Catamarca), Campo Quijano (Salta) y Andacollo (Neuquén). San Juan cuenta con dos proyectos en construcción: Pachón y Pascua Lama, el primer megayacimiento binacional, en manos de la Barrick Gold.
La Secretaría de Minería de la Nación informó en un comunicado el 13 de enero: “Histórica inversión de riesgo. 1.031.600 metros perforados. Se perforó un 41,3 por ciento más que en 2010 y un 664 por ciento con respecto al inicio de 2003. Permite promover nuevos emprendimientos productivos”, destacó la Secretaría (“metros de perforaciones” es la forma en que se mide la actividad exploratoria).
El comunicado remarcó que “el record histórico ratifica a la Argentina como uno de los países con mayor dinámica en esta actividad”. Y explicó que “el fuerte aumento de la actividad exploratoria generó la aparición de nuevos emprendimientos, el país ya cuenta con más de 600, en todo concepto”. Y detalló que las principales provincias con proyectos mineros son Santa Cruz, San Juan, Salta, Catamarca, Jujuy, Mendoza, Neuquén y La Rioja.
Según datos oficiales del informe de 2009, “La minería en números”, en 2003 había sólo 40 proyectos mineros. En 2009 ya eran 336 (840 por ciento) y en 2012 llegan a 600: un 1500 por ciento más que en 2003.
La Red de Asistencia Jurídica presentó a fines de 2011 ante la Defensoría del Pueblo de la Nación el relevamiento “Informe preliminar sobre vulneración de derechos y conflictividad socio-ambiental minera”, en el que focalizó en la megaminería. Contabilizó 121 proyectos en “exploración avanzado” (en los que ya se conocen las ubicación y calidad de las reservas pero aún no se resuelve la solvencia económica para dar inicio a la explotación). Encabezan la lista Santa Cruz (36 proyectos), Salta (17), Chubut (14), San Juan (11) y Jujuy (ocho). Le siguen Neuquén (siete); Mendoza, La Rioja y Río Negro (seis cada una) y Catamarca (cuatro).
“Los proyectos son propiedad de 51 empresas, sólo dos de capital nacional y 49 de capital transnacional: Canadá, Reino Unido, Australia, Estados Unidos y Suiza (entre otros)”, destaca el informe y advierte que “la instalación de transnacionales mineras implica diferentes conflictos sociales, jurídicos y ambientales, entre los que destacamos la utilización intensiva de químicos de alta toxicidad y el consumo masivo de agua y energía, situación que coloca a la actividad en una condición estructural de tensión con las poblaciones y actividades económicas locales”.
Argentina cuenta con 5000 kilómetros de cordillera. En una centena de pueblos existen asambleas socioambientales. Siete provincias limitan algún aspecto de la megaminería (Tucumán, Mendoza, La Pampa, Córdoba, San Luis, Tierra del Fuego y Chubut).
Río Negro también limitaba la megaminería (prohibía el uso de cianuro). Al asumir en diciembre pasado, el Frente para la Victoria (Carlos Soria, luego reemplazado por Alberto Weretilneck) derogó la ley y dieron luz verde a la minería. Hubo movilizaciones en Viedma, Ingeniero Jacobacci y todos los miércoles se reúnen en Bariloche en rechazo a la actividad extractiva. Las organizaciones sociales y comunidades mapuches se declararon en estado de alerta y movilización.
En febrero de 2010, los asambleístas catamarqueños cortaron un camino vecinal en rechazo a un nuevo proyecto (Agua Rica), publicitado como tres veces más grande que Alumbrera y a sólo 17 kilómetros del pueblo. Sufrieron una dura represión por la noche, con una decena de heridos y detenidos. La violencia policial motivó una pueblada con históricas marchas en la plaza de Andalgalá. La instalación de Agua Rica fue paralizada, momentáneamente, por un fallo judicial.
Desde hace una semana, y en paralelo a las protestas riojanas, vecinos de Andalgalá realizan bloqueos en Belén y Santa María, en las rutas de acceso a Alumbrera. Sólo se detiene a los vehículos mineros.
En Famatina habían sido imputados ocho asambleístas por participar en el acampe en la base del cerro. En Catamarca fueron apresadas cuatro personas el jueves y 18 asambleístas más el viernes 27. En ambos casos fueron liberados a las pocas horas, pero siguen en calidad de imputados.
“Registramos un preocupante proceso de persecución y criminalización de la protesta social en contextos de conflictividad por el desarrollo de la megaminería”, denunció Soledad Sede, de Redaj. Explicó que, donde se movilizan contra la megaminería, son “cotidianos” los casos de amenazas y detenciones ilegales. Sede afirmó que existe evidencia de la “vulneración sistemática de los derechos ciudadanos y, en particular, la violación al derecho de manifestarse legítimamente que se ha puesto en jaque tras la sanción de la ley antiterrorista”.
En los últimos días se sumaron cortes en Amaicha del Valle (Tucumán), también contra Alumbrera y en rechazo a Agua Rica. “Estamos jugados, decididos, no importa que nos encarcelen o repriman, acá está en juego el futuro de nuestros hijos y nietos”, alertó Urbano Cardozo, asambleísta de Catamarca, y lanzó una propuesta: “Iremos a Buenos Aires si hace falta. Plaza de Mayo o la 9 de Julio, ahí también gritaremos ‘el agua vale más que el oro’”.
Fuente: Página 12.
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Montomineros
La Revista Barcelona exponiendo las contradicciones entre el discurso oficial y las prácticas mineras del gobierno nacional.
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“Todos somos delincuentes y terroristas” por el Fiscal Federal Gustavo Gómez.
Ayer el sitio ComAmbiental publicó un artículo donde se denuncia el estreno de la Ley Antiterrorista aplicada a los ambientalistas detenidos en una protesta antiminera en Catamarca.
Cito textual:
La información es reciente y llama al alerta. “¡La Argentina estrenó Ley AntiTerrorista! El fiscal provincial subrogante provincial de Catamarca Julio Landivar acaba de liberar a los 9 ambientalistas detenidos, no sin antes imputarlos por actos de terrorismo y poner en riesgo la seguridad pública”, publicaron en la página “El Aconquija no se toca”. ComAmbiental confirmó esta noticia en diálogo telefónico con Selene Herrera, una de las abogadas de los asambleístas, quien informó que los manifestantes se encuentran imputados.
Para aclarar más los detalles de este incidente, le pedí al Fiscal General Gustavo Gómez una breve reflexión sobre el tema. Muy gentilmente el ha preparado una explicación clara para que podamos comprender un poco más de que se trata.
Todos somos delincuentes y terroristasTodos preguntan si la famosa ley 26.734 conocida como “antiterrorista” se aplicó al caso concreto de los asambleístas reprimidos en Santa María por el Fiscal provincial Julio Landivar. De acuerdo a la información de las abogadas que los defienden fueron indagados por el delito de atentar contra el orden público previsto por el art. 213 bis del Código Penal. Es una norma que castiga a los que son parte de organizaciones dirigidas a la “coerción ideológica”. Es la base del sistema penal elegido por los legisladores de nuestro país para enfrentar a las supuestas actividades terroristas y de la que se nutren todos los que no toleran el disenso en la palabra. Si, en la palabra. Este artículo no castiga un delito de acción, sino que penaliza la simple pertenencia a un grupo, el que, a criterio del fiscal en turno “busque imponer sus ideas por la fuerza o por el temor”. Necesario es decir que para encontrar los antecedentes de este artículo hay que remontarse hasta la última dictadura militar.Lector, le parecerá exagerado pero piense en todas las iglesias que pululan por nuestro país ¿¿acaso no tratan de “convertirnos” recurriendo a la amenaza del infierno, la ex comunion etc.???. Pero de ellos no se ocupa el fiscal provincial.Definitivamente no se castiga una acción sino la falta de lealtad a un sistema político. Se prohíbe el disenso. Del daño o lesión a un bien jurídico para que exista un delito tal cual lo exige la Constitución Nacional, mejor ni hablar. Los asambleístas de Santa Maria van presos por su “peligrosidad social” aun ante la inexistencia de acción dolosa alguna, e incluso la defensa de los derechos tutelados por nuestra Constitución, que se concretan en la protesta social, la libertad de expresión y de pensamiento.Cuando en el parlamento se discutió la ley antiterrorista el discurso oficial fue que con este gobierno no se iba a aplicar “cuando los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional”. Pero hoy quedó demostrado que la posibilidad de que los jueces y fiscales consideren delito actos que encuentran tutela constitucional, interpretación judicial arbitraria e inconstitucional de por medio, existe. Un viejo profesor mio –Bidart Campos- me enseñó que “la defensa social contra el delito no debe en modo alguno desplazar sus armas contra las posturas ideológicas. Si la frontera entre delito y disenso se esfuma, no se respeta, o se traspasa, el sistema democrático se halla en grave riesgo.” Y aquí estamos, promesas que se traslucen en algún renglón perdido de nuestro Código Penal para imponer una ley “antiterrorista” pero que son “omitidas” por quienes le preocupa mas que circulen los camiones de la Empresa La Alumbrera que la salud de sus habitantes afectados por la minería a cielo abierto.Volviendo al principio: Es la primera vez que un fiscal aún sin decirlo expresamente, invoca la ley 26.734 conocida como “antiterrorista”. En verdad que es para asustarse y actuar. Dentro de la ley y en el ejercicio legítimo de nuestros derechos. Pedir la destitución del fiscal provincial Ladivar por ordenar la represión en Santa María invocando leyes que no están en sus manos aplicar, es lo mínimo.Gustavo Gomez Fiscal General @fiscalfederal
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El movimiento campesino y su postura frente a la ley “antiterrorista”
Las críticas a la Ley Antiterrorista sancionada a pedido del gobierno nacional siguen creciendo. Luego de que el juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni la calificara como un “disparate” es ahora el MOCASE quien se pronuncia contra esta ley que avanza en la criminalización de la protesta social.
Crisis Estructural del capitalismo, agotadas las falsas soluciones se agudizan las contradicciones, el progreso liberal agota su tiempo sin cumplir sus promesas. No hace falta ser filosofo para comprenderlo, basta mirar con atención y escuchar al corazón.
Argentina: el agronegocio y su modelo de extracción y muerte no mira ni siente, en su naturaleza capitalista, solo existe la posibilidad de acumular, acumulación y concentración en base a la explotación de los pueblos, al saqueo de sus riquezas y a la eliminación de todo adversario. (incluso de aquellos capitalistas “menos capaces”). Las enormes masas de capital especulativo disponibles y la tecnología al servicio del capital aceleran este proceso de muerte.
A la concentración de la tierra, la contaminación de los alimentos con agro tóxicos, al precio elevado de los alimentos por usarlos como combustibles, el trabajo esclavo, al hambre por la prioridad de los mercados externos, al monopolio de la comercialización de alimentos, se le suman las muertes, las amenazas, los baleados, las empresas se apropian de la tierra por medio de violencia armada contra los campesinos indígenas que nos oponemos al “progreso” que nos ofrecen.
Asesinaron a Cristian, ahora balearon a dos campesinos, antes mataron a otras y otros, los jueces cómplices, aliados del ruralismo. La lucha hizo renunciar a uno, pero cuantos quedan.
El agronegocio muestra su fuerza y hegemonía, y en este marco de obviedad de su perversidad, logra que se apruebe la “ley Anti Terrorista”. La ley sera un festín para los jueces, que sin motivos nos encarcelan por usurpadores, cuando llevamos mas de 50 años en la tierra, ahora seremos Terroristas cada vez que defendamos nuestra vida. Esta ley nos demuestra que a pesar de la UNASUR, de la esperanzadora CELAC, muy a pesar , no somos soberanos. Porque para estar en el G20 hay que aprobar leyes contra el terrorismo, que en realidad son contra los pueblos.
¿Y para que queremos estar en el G20? . Pues para defender al agronegocio, porque las potencias del G8 hoy necesitan regular los precios de los comodities.
El gobernador de Santiago del Estero aplica su ofensiva (contra los campesinos), sus punteros han salido con todo a amenazar, a intentar sobornar, descalificar, pero ademas, en Monte Quemado golpearon a compañeros del MOCASE.VC .
También, Zamora, mediante un “memo institucional” excluye de todos los festivales folclóricos a Raly Barrionuevo, Claudio Acosta, Juan Savedra, músicos populares comprometidos con los sueños y luchas del campesinado. El gobierno de Zamora le rescindió el contrato a dos médicos que son militantes del MOCASE.VC . El gobierno de Zamora responde al Agronegocio.
Es que nada tiene que ver la declaración de la CELAC con esto. Es su otra cara. CELAC, será soberanía de los pueblos , será justicia social, será libertad, solo cuando nos liberemos de las transnacionales. No hay posibilidad de soberanía con ellas definiendo nuestro desarrollo.
El G20 intenta legitimar las decisiones del G8, en un momento de crisis, pero su existencia misma atenta contra la legitimidad de Naciones Unidas, en la cual participan la mayoría de los países del mundo, todos con un voto, sin condicionamientos. No hay ventajas para el pueblo argentino obtenidas en las reuniones del G20. El G20 conspira contra la CELAC.
En este proceso también debemos afinar nuestra definición de lo nacional, desde lo popular. No podemos pensar que los Blaquier, Grobocopatel, los Rocca, o la mesa de enlace tienen intereses en el desarrollo nacional con “ inclusión y justicia social”, seria volver a cometer viejos errores. Son y serán traidores a la patria, y no hay modelo nacional y popular que pueda contenerlos.
Por eso no podemos sostener un modelo que para desarrollar políticas sociales deba hipotecar los bienes naturales y amontonar al pueblo en villas, para que la tierra y los bienes naturales sean explotados por esa “siempre ficticia burguesía nacional” junto con las transnacionales que generan “progreso” .
Es necesario sostener el valor de los salarios por encima de la canasta básica, pero además hay una enorme masa de trabajadoras y trabajadores que están fuera de la economía formal y la discusión paritaria. Trabajadores precarizados, desocupados, de fabricas recuperadas, cooperativas, campesinos y agricultores familiares. Todos estos sectores somos sujetos económicos y las políticas deben ir enfocadas a fortalecer y desarrollar la economía social y popular.
Es hora de que los recursos para las políticas sociales salgan de las enormes ganancias de empresas de la “burguesía nacional”. Es hora de que la tierra cumpla su función social: para brindarnos un hábitat digno, para brindarnos la posibilidad de trabajar y producir alimentos y materias primas para cubrir las necesidades populares, y abastecer nuestra industria.
El estado debe apuntalar y fortalecer la economía popular, las cooperativas, las pymes, las empresas estatales.
Votar la ley antiterrorista, permitir que el agronegocio y sus cómplices se muevan impunemente, abandonar a los campesinos a su suerte, no tiene nada que ver con los derechos humanos ni con un modelo nacional y popular.
La ley contra la extranjerización de la Tierra y el nuevo estatuto del peón de campo son herramientas que mitigaran algunos de los embates del agronegocio contra los pueblos rurales. Pero no detendrán su proceso de concentración y acumulación.
La ley contra los desalojos campesinos espera por ser tratada, y nos movilizaremos para que sea aprobada
La ley de radio difusión y la ley de democratización del Papel prensa son avances históricos en la construcción de la libertad de prensa y la democracia, esperamos que la lucha campesina tenga su voz legitima en todos los medios sin censuras ni recortes. También es urgente otorgar las licencias a las radios comunitarias y fortalecerlas con financiamiento y publicidad oficial.
Nosotras y nosotros vamos a profundizar nuestra lucha en los territorios, vamos a intensificar la movilización en las ciudades y pueblos, vamos a ampliar nuestros lazos con todos los sectores que estén dispuestos a debatir y a luchar por la liberación de nuestro pueblo argentino y latinoamericano, por la soberanía alimentaria por la justicia social.
Somos Tierra para alimentar a los pueblos
Movimiento Nacional Campesino Indígena
CLOC – Vía Campesina
¡Globalicemos la lucha , globalicemos la la esperanza!
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