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Polémica: Ley de Tierras, periodismo y pueblos originarios
¿Cómo reflejan los medios oficialistas y los opositores el debate sobre el proyecto de Ley de Tierras? ¿Qué tan profundo es el debate sobre las contradicciones de un modelo productivo que elige ocultar sus debilidades y que silencia la voz de algunos actores muy importantes? A estas preguntas intenta responder Darío Aranda en una nota publicada hoy en Página 12.
Medios de comunicación “independientes” y opositores, de un lado. “Militantes” y oficialistas, del otro. En ese maniqueísmo se ha transformado buena parte de los grandes medios de comunicación. Ambos denuncian, y silencian, según sus conveniencias económicas y políticas.
El proyecto de ley para regular la venta de tierras a extranjeros se suma a la lista de ejemplos que deja en evidencia a los grandes medios. El primer grupo publica editoriales y otorga espacios a quienes se oponen a regular la extranjerización porque, afirman, se estaría por “violar” la Constitución nacional. Desde la otra vereda se resalta el proyecto de ley como una gran cruzada nacional, casi presentada como si fuera la reforma agraria.
Es llamativo que, salvo excepciones, los periodistas de los grandes medios no consulten a un actor fundamental del territorio: campesinos y pueblos originarios.
Dirigencia política y formadores de opinión invisibilizan a los sectores populares de la Argentina rural. Influyen el desconocimiento o la discriminación de clase (o un poco de ambos). O, quizá, se los evita porque campesinos y pueblos originarios son quienes más claramente pueden dejar al descubierto que la extranjerización de tierras no es un problema central de Argentina, sino que el origen de sus pesares está en el modelo extractivo que es política de Estado, y donde agronegocios, megaminería, forestales y petroleras (sólo sus caras más famosas) cuentan con permanente apoyo mediático y gubernamental.
Pocos pueden oponerse a legislar sobre la venta de tierras a extranjeros. Mucho menos se opondrán quienes impulsan el actual modelo agropecuario, porque una ley de ese tipo no afecta ningún interés de los ganadores del modelo.
Regular la extranjerización de tierras no combate el corazón de la injusticia rural: la concentración de la tierra. Datos duros del INTA: el 2 por ciento de las explotaciones agropecuarias controla la mitad de la tierra del país. Mientras que el 57 por ciento de las chacras cuenta sólo con el 3 por ciento de la tierra.
Empresarios y gobiernos extranjeros no necesitan comprar tierras de Argentina para explotarlas según su necesidad.
El gobierno de Río Negro firmó en octubre de 2010 un acuerdo con China para sembrar 240 mil hectáreas. El gobierno de Chaco firmó un acuerdo en febrero último con un “fondo inversor” de Arabia Saudita para que explote 200 mil hectáreas del Impenetrable.
También son extranjeros, y no verán afectados sus intereses, empresas mineras, petroleras y forestales que controlan amplias extensiones de territorio nacional.
El principal problema de campesinos e indígenas no es la extranjerización, sino el modelo agropecuario. En 2001 se sembraron en Argentina 10 millones de hectáreas con soja. En 2010 se llegó al record de 19 millones de hectáreas, el 56 por ciento de la tierra cultivada.
El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina) estima un piso de 200 mil familias rurales expulsadas por el avance sojero. Las topadoras suelen estar al servicio de empresarios que –la gran mayoría de las veces– son argentinos.
El Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) planifica la política agropecuaria para los próximos nueve años. Y logró lo que ninguna otra iniciativa kirchnerista había logrado: obtuvo el apoyo (o al menos la ausencia de críticas) de medios opositores y también de medios oficialistas.
El PEA impulsa aumentar la producción granaria un 60 por ciento en los próximos nueve años. Llama la atención que los periodistas que durante la 125 tanto cuestionaron la sojización ahora no hayan alertado sobre el aumento de desalojos, desmontes y del uso masivo de agrotóxicos que provocará lo pautado en el PEA. Una premisa básica del periodismo es no ocultar la realidad. Los “daños colaterales” de la “Argentina líder agroalimentaria” (eslogan del PEA) recaerá sobre los sectores populares del campo argentino. A pesar de ello, la gran mayoría de los periodistas de grandes medios publicitan el PEA como un hecho auspicioso y, como de costumbre, ignoran a campesinos y pueblos originarios.
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Cambió el diseño de LaNación.com
LaNación volvió a cambiar su diseño enfocándose ahora en un layout mucho más visual y con mucha preponderancia de las conexiones con redes sociales como Facebook, Twitter y GooglePlus, además de los tradicionales comentarios de sus lectores que están aún más destacados.
Además de las redes sociales tomaron la importancia de la personalización y en cada una de las notas de opinión incorporaron en un lugar muy destacado las fotos de sus autores, muchas de las cuales están incluso en la home del sitio.
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“Vienen por las putas”
Los periodistas militantes cuando saltó lo de Schoklender acuñaron “vienen por los pañuelos”. ¿Ahora dirán “vienen por las putas”?
Darío Gallo
Jefe de redacción del diario Libre
30/07/11 10:32
ACLARACIÓN: Hasta el momento tengo un gran respeto por Eugenio Zaffaroni. Espero, que las acusaciones que se le imputan no sean verdaderas, ya que sentiría una gran desilusión.
Su comportamiento durante su vida profesional y sus posturas frente a temas claves para la sociedad me hacen dudar de su culpabilidad.
El tweet citado, refleja la postura de un periodista que pone en debate el modo en que se construyen ciertas historias y se da respuesta por la prensa oficial. Esto, por supuesto, es motivo de debate y eso pretendí al publicarlo aquí.
Saludos,
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Al pan, pan. Y al oro, Gioja
Cada vez es más complicado para ellos tapar lo que resulta obvio. La autincriminación de Barrick Gold bloqueando la Ley de Glaciares en San Juan para evitar que se realice el inventario es contundente.
El diario HOY, de La Plata, publica un artículo sobre el tema titulado “La megaminería, un oscuro negocio que crece” que los invito a leer
Gobernadores que representan a las empresas
“Tienen que dejarse de joder con la minería”. La frase del gobernador elector de La Rioja, Luis Beder Herrera, evidencia que quienes deberían proteger los derechos de la mayoría de los ciudadanos muchas veces “cruzan de vereda” y protegen otros intereses. “Es el único recurso que tenemos. No nos vengan a decir cómo manejar nuestro medio ambiente, menos desde Buenos Aires, que hacen campañas hablando de lo que no saben y uno no puede meter ni un pie en el río porque se le quedan las uñas”, señaló, en referencia al Riachuelo.
Otro de los representantes es José Luis Gioja, gobernador de San Juan, quien abiertamente defiende el accionar de Barrick Gold en su provincia. En medio de la dificultosa discusión de la ley de Glaciares, con el guiño K fueron varias las provincias que avanzaron con sus propias legislaciones para regular la minería con el argumento de que los recursos son provinciales y, por ende, son las provincias las que deben administrarlos: Santa Cruz (la provincia de los Kirchner), San Juan, Salta, La Rioja y Jujuy. Lógicamente, esas normas eran más permisivas que la sancionada por el Congreso. “Eso no tiene lógica. La ley que prevalece es la nacional. En la discusión jurídica, los gobernadores tienen todas las de perder”, advirtió Hernán Giardini, de Greenpeace.
Para más info leer el artículo completo aquí
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