Campesinos de Santiago del Estero denuncian ataque armado de patota del dueño de gaseosa Manaos

El MOCASE VIA CAMPESINA (Movimiento Campesino de Santiago del Estero) denunciò esta semana que una banda paramilitar al mando de Orlando Canido, dueño de gaseosa Manaos, atacó a la Comunidad de Iacu Chiri -Bajo Hondo en Santiago del Estero

La organización contó que el pasado sábado 2 de julio, después del mediodía, 6 camionetas con gente armada y encapuchada, comandadas por Orlando Canido ( Dueño de Gaseosa Manaos) y sus matones Lachi Letonay y Adrián Corico, ingresaron a la Comunidad del Bajo Hondo, donde se resiste desde hace más de 3 años a los intentos de desalojo por parte de este empresario.



En un comunicado el MOCASE Via Campesina relata:

“Después de amenazar de muerte a las familias y mientras un grupo tenía apuntando a los niños y mujeres de la comunidad, otro grupo prendió fuego a dos viviendas, a los corrales, destruyó bebederos y largaron veneno y escombros al único pozo de agua potable de la comunidad.

Los hechos muestran la actitud violenta, paramilitar y propia de otras épocas del empresario Orlando Canido, en sus intentos por apoderarse de las tierras campesinas indígenas de toda la zona, con la complicidad del poder judicial de Santiago del Estero.

Una nueva ola de violencia por parte de los empresarios, con la complicidad de jueces como Tarchini, Moreno, LLanos, Mansilla y Torrellio, se está extendiendo por la provincia. Hace menos de un mes fue apuñañado un campesino por defender sus tierras. Volvemos una vez más a denunciar estos accionares y exigimos una actuación urgente de la Justicia y del Estado, que ponga fin a estos ataques que ponen en riesgo la vida de nuestras familias.”

 

 

4 Días Después: El Rol de la Justicia

En un comunicado posterior, Mocase explicó su visión sobre la justicia de Santiago del Estero:

A 4 días del ataque de banda armada contra campesinos, jueza santiagueña mandó la patota judicial para desalojar a la comunidad e instalar a banda armada del empresario Orlando Canido.

Esperábamos que desde la justicia santiagueña se llegaran a realizar inspección ocular de los daños materiales sufridos por las familias de la Comunidad de Iaku Cachi: quema de viviendas, de corrales, bebederos, destrucción del pozo y envenenamiento del agua de consumo perpetrado por el mismo Orlando Canido y su banda armada el pasado sábado.
Sin embargo, en el mundo del revés, ésta mañana llegó la patota judicial encabezada por el oficial de justicia Héctor Raúl Rodriguez, con orden de la Jueza María L. Martinez Llanos, para desalojar a las familias de la comunidad y poner en “posesión a Orlando Canido” y a su banda armada compuesta entre 40 y 50 personas
En este momento, las familias están en la calle con sus pertenencias y dentro del territorio se encuentra la banda armada amenazando que mataran a quien intente entrar, así sean niños.
Uno de los sicarios gatilló contra compañero del MOCASE VC.
Responsabilizamos principalmente a la cómplice Jueza María Martinez Llanos por lo que pueda ocurrir con la vida de los niños, mujeres y hombres que defendemos el derecho a la vida, ya que sigue obsesionada con la cacería de campesinos indígenas para favorecer a los empresarios del agronegocio.
EXIGIMOS inmediata intervención de la Justicia y del Estado ante este GRAVE hecho que pone aún más en peligro la vida de nuestras familias.
Desarme y detención inmediata de la banda armada, como así también detención de Orlando Canido, Lachi Letonai, Adrían Corico, Tonio Leal y otros cómplices que en reiteradas veces han sido denunciados ante la justicia.
RESTITUCION del territorio comunal de Iaku Cachi- Bajo HondoAquí un video que muestran parte de los conflictos:

Nueva Actualización 25 Sep 2016

El MOCASE denuncia un nuevo ataque:

URGENTE: NUEVO ATAQUE ARMADO A LA COMUNIDAD DEL BAJO HONDO POR PARTE DE LA EMPRESA MANAOS
UN COMPAÑERO HERIDO DE BALA, QUEMA DE RANCHOS Y VEHÍCULOS, MUERTE DE ANIMALES Y DISPAROS A LAS FAMILIAS

Hoy sábado 24 a las 9 de la mañana, tres camionetas de la empresa Manaos de Orlando Canido, cargadas con 15 personas armadas con pistolas y rifles, entraron nuevamente a los tiros a la comunidad indígena guaycurú de Bajo Hondo, provincia de Santiago del Estero.

La banda armada empezó a perseguir a las familias de la comunidad, que se tuvieron que refugiar en el monte con sus hijos e hijas, mientras veían como prendían fuego a las viviendas y a los vehículos de la comunidad. En esta secuencia de tiros, dispararon a los vehículos y el compañero Pedro Campos recibió un balazo en la pierna y se encuentra pendiente de operación para extraerle la bala.

Después de prender fuego a los ranchos y viviendas de la comunidad ( que habían sido reconstruidas tras el ataque del mes de julio), la emprendieron contra los animales vacunos, matando a 6 e hiriendo a más de 14. Pasaron por el pozo, destruyeron el brocal y lo envenenaron nuevamente. E incluso atacaron a los dos policías que debían cuidar a las familias y que se encontraban en la orilla del campo. Después de esto, se retiraron del territorio comunitario.
Al cabo de un rato, se hizo presente una comitiva policial que hasta el momento, no actuó para detener a los responsables.

Y nos hicimos presentes muchos compañeros y compañeras de las comunidades vecinas que fuimos a ayudar a reconstruir los ranchos, los alambres y acompañar las familias de la comunidad, con la solidaridad como nuestra principal arma de lucha.

Este nivel de impunidad es inadmisible. El modo de actuar violento y mafioso de Orlando Canido,el dueño de Gaseosa Manaos que en varias ocasiones se ha presentado en el campo comunitario queriéndose adueñar del mismo, ha sido públicamente denunciado durante años, con aporte de pruebas, filmaciones, denuncias, etc.

Llevamos meses denunciando el incremento de la violencia, la presencia de bandas armadas, los amedrentamientos en las rutas, las muertes de animales y cortes de alambre y los jueces jamás actuaron. Ahora mismo, estamos pendientes de la detención de los miembros de la banda comandada por Lachy Letonai y a las órdenes de Orlando Canido, porque el nivel de violencia de estas bandas armadas es cada vez más peligroso para la vida de las familias campesinas.

Exigimos la actuación inmediata de la justicia, la detención de Orlando Canido y de toda su banda armada.

Queremos vivir y producir alimentos sanos en nuestras tierras.

¡NI UN MUERTO MÁS POR EL DERECHO A LA TIERRA!

MOCASE VIA CAMPESINA
MOVIMIENTO NACIONAL CAMPESINO INDÍGENA

Aquí el video del repudiable y cobarde ataque que sufrió la comunidad:

 

 

 

Guardianes del Bosque: Activismo online para controlar los bosques argentinos

Desde Greenpeace siempre estamos buscando nuevas formas para que nuestros donantes, ciberactivistas y voluntarios puedan colaborar en nuestras campañas de una manera efectiva y de acuerdo a sus intereses. Creemos que las causas a las que nos enfocamos requieren un compromiso e involucramiento de amplios sectores de la sociedad para poder resolverse. Para eso, tenemos como meta un objetivo doble: Informar y movilizar a la acción a quienes compartan nuestros objetivos.

Con esta visión hace meses que trabajamos en una nueva herramienta que presentamos esta semana: “Guardianes del Bosque“.

Guardianes-del-Bosque
Guardianes del Bosque

Cada persona que juega, no solo está informando a otros sobre el estado de la parcela que le fue asignada, sino que además, está viendo y conociendo la situación real de los bosques de nuestro país. Y al continuar jugando periodicamente, puede apreciar la evolución de cada héctarea de las provincias monitoreadas.

Guardianes del Bosque (Greenpeace)
Greenpeace: Guardianes del Bosque

Cada participante que entre ahora en Guardianes, recibe imágenes satelitales de los bosques nativos de Salta y deben controlar si detectan desmontes en la zona que se les asigna. Luego, pueden denunciar a las autoridades provinciales y nacionales el incumplimiento de la Ley de Bosques. Esta iniciativa permite que los ciudadanos argentinos puedan hacer un control comunitario de la aplicación de la Ley en una zona que abarca unas 6 millones de hectáreas de territorio salteño. Cuando quince jugadores reportan un desmonte en una parcela, Greenpeace verifica el dato y, si se confirma que se trata de un desmonte ilegal, se abre la posibilidad de enviar la denuncia al gobierno de Salta y a la Secretaría de Ambiente de la Nación. Luego al participante se le asigna una nueva parcela de bosques para controlar. Los que además verifican denuncias de otros usuarios suman puntos extra.

Estos puntos generan un ranking donde los usuarios pueden conocer su posición. Como verán, los usuarios que están jugando ya son mucho mejores que yo, que actualmente estoy en el puesto 114.

Ranking de Guardianes del Bosques
Ranking de Guardianes del Bosques

Los bosques de Salta están en grave peligro nuevamente. Como explica Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace: “El gobierno de Salta está autorizando desmontes en zonas protegidas por la Ley a pedido de los terratenientes desmontadores. Desde su sanción, en la provincia se desmontaron más de 350 mil hectáreas, de las cuales 100 mil eran zonas donde estaba prohibido deforestar”.

La participación ciudadana es clave para lograr un ambiente sano para nosotros y las futuras generaciones. Me gustaría que puedas dedicarle un rato y sumarte a Guardianes.

Quiero agradecer a todos los que hicieron posible esta nueva forma de activismo online: Ingo, Egar, Martín, Mariana, Giselle, Laura, Diego, Rodrigo, Victoria, Cecilia, Gustavo, Leo y todos los que de una y otra manera apoyaron y trabajaron en alguna de las etapas. ¡Gracias!

Para jugar entrá en http://guardianes.greenpeace.org.ar/






Hernán Nadal entrevistado por Pulso Social.com

Transcribo a continuación una entrevista que me realizó el sitio Pulsosocial.com


Aún es muy nuevo en América latina, pero sus resultados se están empezando a ver en diferentes casos. De ahí que sean varios, más no muchos, los ejemplos que se puedan mencionar en la región, donde las nuevas tecnologías están sirviendo como medios en pro a causas sociales.

Según Wikipedia: “El ciberactivismo se refiere al conjunto de técnicas y tecnologías de la comunicación, basadas fundamentalmente en internet y telefonía móvil, asociadas a la acción colectiva o desobediencia civil, bien en el espacio virtual, bien en el plano real”.

Para Hernán Nadal, New Media Manager de Greenpeace Argentina y consultor en innovación, fundraising online y Mobile MKT: “Éste tipo de acciones recién están naciendo, por ello los modos de participación en América latina están cambiando. Cada día mayores grupos poblacionales están accediendo a las TICS y nuevas formas de participación y reclamo, pacíficas y masivas están naciendo”.

Profundicé sobre este tema con Nadal, cuya experiencia como comunicador está basada más que todo con la Web 2.0, desde la cual ha desarrollado diferentes iniciativas relacionadas con el ciberactivismo, palabra que para él significa: “Es el activismo mediado por las nuevas tecnologías”.

Su papel en Greenpeace ha consistido en movilizar a la acción y a comprometer económicamente a diferentes personas a través de las herramientas de la Web 2.0, tales como las redes sociales, microbloging como Twitter, email mkt, mobile MKT, SEO y SEM, entre otras.

Un ejemplo

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Al principio Hernán y su equipo de trabajo crearon una animación Flash mostrando como Mauricio Macri, jefe de Gobierno de Buenos Aires, envía la basura de los porteños para contaminar la provincia. Luego, desde Twitter, le iba contando a sus seguidores como iba creciendo la cantidad de vistas al video y las repercusiones que este tenía en la prensa.

Por último salió adelante una de las campañas más importantes de la historia de GP en Argentina, con más de 1.500.000 de firmas en dos meses, logrando así la aprobación de la ley de bosques, que como se dice en la página principal: “Su objetivo es regular el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente a partir del uso sustentable de los bosques nativos, tras una evaluación de las unidades presentes en cada provincia”.

Factores

Para Nadal, Los factores definitivos para tener éxito en una campaña son:

  • Una campaña fuerte y bien comunicada.
  • Un contexto político adecuado
  • Una estrategia online completa que incluya SEO, SEM, email mkt y en lo posible, medios tradicionales. En esto último entraría la publicidad, y notas de prensa también conocidas como freepress.

“El componente viral también es muy importante, La invitación a que los ciberactivistas lo reenvíen a sus amigos y hablen de la campaña. Una vez logrado el tipping point, es mucho más fácil alcanzar el éxito”, asegura Nadal.

La telefonía celular

Por otro lado, en el ciberactivismo la telefonía celular se convierte en motor del cambio social. Ya que como dice Nadal: “Es una herramienta extremadamente útil para las organizaciones en términos de campaña y de recaudación de fondos. Y recién está comenzando a utilizarse su potencialidad. Se puede comunicar en tiempo real pedidos e informaciones a miles de usuarios con una alta tasa de lectura permitiendo al usuario actuar en consecuencia”.

En ese punto se puede ver la utilización que de esta tecnología hace Filipinas quienes, para Nadal, son los reyes de la utilización del celular en movilización pública. No es para menos, pues como se dice en Theinquirer.es en un estudio de Acision, un proveedor de soluciones de comunicación, se concluyó que Filipinas es el país más activo en envío de mensajes SMS de todo el mundo. En este sentido se pude encontrar cómo el uso del teléfono móvil ha servido para promover diferentes causas sociales, que parten de la emoción que éstas generan.

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El Ecocidio

Miguel Bonasso, diputado nacional y autor del proyecto original de la Ley de Bosques publicó un artículo en Crítica, con motivo de la demora de la reglamentación de dicha Ley.

Siguen pasando los días, las semanas y los meses y el Poder Ejecutivo no reglamenta la Ley de Bosques, que promulgó el 28 de noviembre de 2007. Como autor del proyecto original he venido señalando que la ausencia del decreto correspondiente favorece a los interesados en violarla.

Lo que acaba de ocurrir en Salta confirma mis temores y alimenta las peores sospechas. La Legislatura salteña ha votado días atrás una ley de ordenamiento territorial que autoriza al gobernador Juan Manuel Urtubey a presentar un mapa de posibles desmontes, tan amplio como su conciencia se lo permita.

Los legisladores que le han otorgado esa carta blanca (o negra) proceden en su gran mayoría del romerismo y ya sabemos que el ex gobernador Juan Carlos Romero se apresuró a autorizar el desmonte de casi medio millón de hectáreas, cuando se tornó evidente que el Congreso Nacional aprobaría la ley. También sabemos que en Salta las topadoras de los grandes sojeros han volteado ya más de dos millones de hectáreas.

Organizaciones ambientalistas como Greenpeace y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) vienen advirtiendo –en todos los tonos– que no puede talarse ni un metro más por encima del millón trescientas mil hectáreas delineadas en un mapa provisorio de ordenamiento como zona verde. Existe el temor de que Urtubey, dando marcha atrás a sus promesas de campaña, permita el desmonte de tres o cuatro millones de hectáreas, lo que sería un verdadero ecocidio. No es un exceso de susceptibilidad: el senador provincial Alfredo Olmedo presentó un plan de ordenamiento que autorizaba el desmonte de seis millones de hectáreas.

Al ecocidio le sigue el genocidio de las comunidades campesinas y los pueblos originarios. Un reciente fallo ejemplar de la Corte Suprema hizo lugar a la protesta de estas comunidades arrasadas por la tala indiscriminada. Es, hasta hoy, el único poder del Estado que ha demostrado interés por frenar los desmontes. El silencio del Ejecutivo, por el contrario, alienta a quienes desde los gobiernos provinciales se remiten al viejo refrán “Hecha la ley, hecha la trampa”.

Desmontes, consecuencia de la no reglamentación

Artículo publicado en “Ambiente y Medio” el newsletter de Sergio Federovisky.

La sensación de que la ley de bosques –aprobada hace ya más de un año- es una entelequia avanza cada vez más conforme se retrasa su reglamentación y se confirma que los desmontes siguen vigentes aprovechando esa debilidad normativa. La asunción de Homero Bibiloni en la Secretaría de Medio Ambiente brindó la oportunidad para rediscutir el porqué del retraso en la reglamentación, suponiendo que era la inoperancia de su antecesora, Romina Picolotti, lo que determinaba la tardanza. Pero la presunción de que son motivos más políticos que incapacidad de gestión lo que determina que la ley no se reglamente crece cada minuto, más cuando se conoce que gobernadores como Juan Manuel Urtubey, de Salta, que hicieron campaña prometiendo detener la tala, son hoy los más fervientes impulsores de más desmontes aprovechándose del hueco que deja la no reglamentación de la ley de bosques.

Ante el vacío legal y el avance de las topadoras, una docena de caciques de la comunidad wichi presentaron una demanda judicial ante la Corte Suprema para intentar frenar los desmontes en cuatro departamentos de Salta, que representan más de un tercio de la superficie provincial (155 mil kilómetros). Sus abogados presentaron un amparo y una medida cautelar. En la demanda, afirman que los desmontes son “inconstitucionales” y que van a causar un “gravísimo daño” a las comunidades indígenas de la región. Por eso, reclaman la nulidad de las autorizaciones que otorgó el Gobierno provincial y responsabilizan al Estado nacional por la situación actual.

“Además de la nulidad de las autorizaciones, buscamos que se recomponga y se restablezca el ambiente al estado anterior o que se indemnice a las personas afectadas en caso de que aquello sea imposible”, dijo el abogado Raúl Gustavo Ferreyra, quien representa a los indígenas junto a Alicia Oliveira.

La presentación, que cuenta con el apoyo del obispo de Orán, Jorge Rubén Lugones, denuncia que durante el último trimestre del año pasado, previo a la sanción de la ley de Bosques Nativos (en noviembre de 2007), hubo “un abrupto incremento de las audiencias públicas (son obligatorias para más de 300 hectáreas)”. Además, destaca que entre 2004 y 2007 hubo 211 pedidos de autorización para desmontes -que apuntan a la expansión de la frontera agropecuaria- de los cuales 195 fueron aprobados.

Por ese motivo, la medida cautelar intenta frenar los desmontes masivos tanto en tierras privadas como fiscales de los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria que ya fueron aprobados pero que aún no se llevaron a cabo. “El paso del tiempo puede provocar que un fallo llegue tarde y resulte prácticamente inoperable, por agotamiento o grave degradación del bosque nativo”, explica la demanda, de 50 carillas.

No es el primer juicio por la tala de árboles en el Chaco salteño. De hecho, hay varias causas que ya llegaron a la Corte luego de transitar distintas instancias judiciales locales. La demanda que llegó al máximo tribunal, no obstante, es la primera que busca ingresar por la instancia originaria de la Corte (de manera directa). Si eso ocurre, podría haber una audiencia pública para discutir el problema, según adelantaron los abogados.

Simultáneamente, Greenpeace –la única de las ONGs que movilizaron hace un año el petitorio que obtuvo un millón de firmas para que los senadores votaran la ley de Bosques que sigue exigiendo públicamente que se reglamente la norma- volvió a reclamar ante el jefe de gabinete Sergio Massa, a quien hacen responsable de la incomprensible demora en la promulgación del decreto reglamentario. La organización ecologista denunció que el gobierno tiene intenciones de reabrir la discusión de la reglamentación con las provincias más comprometidas con la deforestación.

Desmintiendo la versión deslizada por Bibiloni en el sentido de que el retraso por la reglamentación era debido al incumplimiento de la ex secretaria de Medio Ambiente, Greenpeace aseguró que “el borrador de la reglamentación está listo para ser firmado desde julio. El año pasado la demora en la sanción de la Ley de Bosques facilitó que se aprobaran especulativamente muchos desmontes para evitar la moratoria que dicta la norma. La falta de reglamentación debilitará su plena aplicación y generará muchos desmontes más”. Según Greenpeace, el borrador de la reglamentación de la Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Ley de Bosques) fue realizado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y fue girado a principios del mes de julio al Poder Ejecutivo, específicamente a la Jefatura de Gabinete de Ministros a cargo del jefe de Gabinete Sergio Massa, donde se encuentra demorado en el Área de Coordinación de Presupuesto Nacional del Ministerio de Economía. La Ley de Bosques fue sancionada el 28 de noviembre de 2007 tras una campaña que logró juntar un millón y medio de firmas. La norma establece que las provincias no pueden emitir nuevos permisos de desmonte hasta tanto no realicen un Ordenamiento Territorial de sus zonas boscosas bajo diez criterios ecológicos y categorías de conservación que apuntan a evitar la fragmentación y degradación del bosque nativo y a preservar las tierras utilizadas por las comunidades campesinas e indígenas.

La Ley establece un Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (cerca de mil millones de pesos al año) para distribuir entre las provincias que sancionen por ley provincial el Ordenamiento Territorial de sus Bosques, con el objetivo de fortalecer la capacidad técnica y de control, compensar a los titulares que realicen tareas de conservación y manejo sostenible, y para fomentar las actividades productivas que los pequeños productores rurales y comunidades indígenas realizan en zonas boscosas.

“La mayoría de las provincias han avanzado en la realización del Ordenamiento Territorial de sus bosques nativos y están terminando este proceso, cumpliendo con lo que establece la Ley de Bosques, ahora falta que la Nación cumpla su parte y firme el decreto reglamentario. Sin la reglamentación no van a estar los fondos y se debilitará la aplicación de la ley. Es muy preocupante que a un año de que un millón y medio de argentinos impulsaron con sus firmas la sanción de la ley, no haya sido reglamentada. La responsabilidad es del Jefe de Gabinete, quien debe asegurar que el decreto salga antes de fin de año”, afirmó Hernán Giardini, de Greenpeace.

“Lo que se puede ver claramente con las primeras declaraciones del nuevo Secretario de Ambiente, Homero Bibiloni, es que se quiere volver atrás con la reglamentación y ponerla a consideración nuevamente de la provincias, especialmente de aquellas más comprometidas con la deforestación”, explicó Juan Carlos Villalonga, Director Político de Greenpeace Argentina. “Si esto ocurre, será un caso similar al la Ley de Glaciares, donde se buscará que sean las provincias más depredadoras las que impongan la política ambiental nacional.”

Cumpleaños de la Ley de Bosques

Miguel Bonasso, diputado autor de la Ley de Bosques sancionada hace un año escribió una nota en el diario Crítica en relación a la falta de reglamentación de la Ley.

Un cumpleaños amargo

La Ley de Bosques fue sancionada por el Congreso el 28 de noviembre del año pasado. Pero el Ejecutivo todavía no la promulga y reglamenta.

M.Bonasso.

Desde ya les pido perdón a los editores y lectores de este diario por ejercer la insistencia de manera terca y machacona. Pero no me cabe otra. En nuestro querido país, no basta que un legislador proponga una ley y consiga, tras ingentes esfuerzos, que se la voten. Es preciso que abogue después, hasta el cansancio, para que el Poder Ejecutivo la promulgue y la reglamente.

Es el caso de la Ley 26.331, llamada “De Bosques”, que fue sancionada por el
Congreso hace un año. Año que se cumplió el pasado viernes 28 de noviembre. Y seguimos hasta el momento de escribir estas líneas sin el decreto reglamentario del Ejecutivo. En contra, por cierto, de lo que la ley establece en su artículo 42, donde indica que la reglamentación debe producirse en un plazo máximo de noventa días.

O sea que si se reglamentara en el breve lapso que media entre la redacción de esta columna y su ubicación, igual el Gobierno estaría en pecado. Pero no hay indicios de que eso ocurra. Sólo promesas.

Hasta donde sé, la Ley de Bosques está varada en una oficina del Ministerio de conomía. Aunque se encuentra en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial y por lo tanto prohíbe expresamente nuevos desmontes de bosques nativos, su falta de reglamentación genera confusión (honesta o maliciosa) en las autoridades de aplicación, que son los organismos provinciales. Algunos funcionarios, como el director de Bosques de Entre Ríos, dicen desconocer, por ejemplo, qué escala de multas deberían aplicar a los desmontadores seriales.

Es sintomático que el Ejecutivo defienda a capa y espada el concepto de emergencia económica y no preste atención a la emergencia forestal que estamos padeciendo desde que se desató la fiebre de la soja en la Argentina.
Emergencia
que es parte de una situación francamente crítica en casi todos los rubros que hacen a los recursos naturales y la preservación del ambiente. El reciente veto presidencial a la Ley de Protección de los Glaciares ejemplifica esta desaprensión en los hechos, que pretende cubrirse con una defensa retórica del ambiente, consagrado como derecho humano fundamental en el artículo 41 de la Constitución Nacional.

Inútiles han sido todos los esfuerzos realizados hasta el presente para que la ley se reglamente. El 29 de julio último, al cumplirse ocho meses desde la promulgación, presentamos un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que nos explicara cuáles eran las razones por las que no se había reglamentado; cuáles eran los motivos por los que no se había cumplido con el artículo 42 y para que se sirviera explicitar cuál o cuáles fueron los organismos que provocaron el atraso.

Dos meses más tarde, descubrimos que en el proyecto de ley de presupuesto para 2009 no existía ninguna partida destinada a la implementación de la Ley de Bosques. Como algunos lectores interesados en el tema recordarán, cuando el proyecto obtuvo media sanción en Diputados, el Senado le incorporó una cláusula cuyo objetivo era crear un fondo especial para las provincias de mil millones de pesos, destinado a otorgar compensaciones a los productores a los que se les impedía realizar nuevos desmontes. En Diputados estuvimos de acuerdo con la creación de ese fondo, porque pensamos que el daño ambiental que podía seguir produciéndose si no se paraba la tala iba a ser muy superior.

Se comunicó entonces conmigo Romina Picolotti, la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, para informarme oficiosamente que dispondrían una partida extra de 400 millones de pesos para el citado fondo compensatorio. Era en vísperas de la presentación del jefe de Gabinete Sergio Massa ante la Cámara de Diputados.

El primero de octubre, en el recinto, le pregunté públicamente a Massa por la
falta de reglamentación y sus responsables. Me respondió textualmente: “Probablemente el señor diputado haya tenido suficiente información a partir del diálogo que mantuviera con la secretaria de Política Ambiental. De no ser así, la secretaria sigue a su disposición, tal como lo estuvo hace muy pocos días. Lo que sí quiero que quede claro ante este Parlamento es que la omisión en torno al financiamiento de la Ley de Bosques va a ser saldada con una nota del Poder Ejecutivo a la comisión de Presupuesto y Hacienda en la que quede claro que se trató de una omisión y no de la voluntad de incumplir con una obligación planteada por medio de una ley”.

Repliqué: “En su respuesta, el señor ministro no contestó lo medular de la pregunta. Yo le pregunté por qué no se había reglamentado en 280 días la Ley de Bosques y él se refirió a una comunicación telefónica que la secretaria de Ambiente tuvo conmigo, lo cual es cierto, pero eso no responde qué funcionarios son responsables de no haber reglamentado la ley”.

No era una cuestión baladí, burocrática o administrativa. La no reglamentación en un año va a traer consecuencias judiciales tendientes a obstaculizar los objetivos centrales que buscamos al legislar a favor de nuestros castigados bosques nativos. Esto es así porque la ley estableció una moratoria de un año, en el que no se pueden efectuar nuevos desmontes, hasta que las provincias realicen un ordenamiento territorial.
O sea, para que determinen en qué zonas no
puede haber categóricamente desmontes, en cuáles podrían ejecutarse previo estudio de impacto ambiental y la realización de audiencias públicas en las que participen las comunidades interesadas y en cuáles montes pueden actuar las topadoras sin objeciones.

El año de la moratoria ha concluido y no todas las provincias han realizado su ordenamiento territorial. Esto podría dar pie a que los vivos que nunca faltan argumenten que se acabó el tiempo de veda y que pueden volver a desmontar alegremente.

Desde luego que el espíritu protector de la ley lo prohíbe expresamente, pero la demora en la reglamentación, que consumió los 365 días de moratoria, podría dar lugar a diversas presentaciones ante la Justicia. Así lo admiten, sotto voce, en la propia Secretaría de Ambiente, donde a la vez pretenden tranquilizarnos afirmando que es inminente la promulgación del decreto.

Aunque así sea, si sumamos esta indefendible demora a la que hubo en el propio tratamiento de la ley, que comenzó a mediados de 2006, veremos que en el medio perdimos muchas forestas para siempre. Solamente en Salta, en el año del tratamiento de la 26.331, el ecocida Juan Carlos Romero autorizó el desmonte de 478 mil hectáreas.

Así vamos.

Greenpeace Argentina

Greenpeace Argentina le regaló una torta como para reclamar a Sergio Massa la falta de la reglamentación de la Ley de Bosques luego de pasado un año de su sanción.

Los interesados en sumarse a este reclamo pueden enviarle una postal digital al jefe de Gabinete haciendo click aquí.


Además pueden llamar a su despacho y comentar experiencia en el Blog de Greenpeace

Un ecocida llamado Romero

El Diario Crítica publicó ayer una muy buena nota de Miguel Bonasso, donde analiza la conducta del ex gobernador de Salta, Juan Carlos Romero, quién autorizó el desmonte de un millón de hectáreas.

La desertificación amparada por el actual vicepresidente del Senado nacional en el territorio salteño supera a toda la tala realizada en un año en el resto del país. El permiso de Juan Carlos Romero a favor de grandes grupos económicos se produjo durante los meses en que se trataba la Ley de Bosques en el Congreso. La magnitud de la destrucción de bosques nativos alimenta el peligro de “cambio climático”.

En el curso de 2007, su año final como gobernador de Salta, el actual vicepresidente del Senado, Juan Carlos Romero, autorizó el desmonte de 478.204 hectáreas de bosques nativos.

Si se piensa que el total de lo desmontado en todo el territorio nacional alcanzó en 2006 la ya desbordada suma de 300 mil hectáreas, podemos afirmar –sin retórica– que estamos en presencia de un verdadero ecocidio. Que no sólo afecta a Salta sino al conjunto de la Nación, enfrentada a una verdadera emergencia forestal.

Lo que resulta altamente significativo es que el ex gobernador Romero (PJ-Frente para la Victoria) se apuró a otorgar estos permisos (en general a grandes grupos económicos) en el lapso que medió entre el tratamiento en Diputados de mi proyecto sobre Ley de Bosques (noviembre de 2006) y la sanción definitiva del Senado (noviembre de 2007). La ley, ya promulgada por el Ejecutivo en diciembre de 2007, establece la prohibición de realizar desmontes debosques nativos, en tanto no se lleve a cabo por parte de las provincias un proceso de ordenamiento territorial que establezca cuáles no se pueden desmontar por ningún motivo y cuáles podrían ser parcialmente desmontados previa audiencia pública, donde intervengan representantes de los campesinos y los pueblos originarios que los habitan.

En todos los casos se exigirán, además, estudios de impacto ambiental realizados por instituciones serias y neutrales, como pueden ser las universidades. El plazo de esta moratoria en los desmontes es de un año a partir de la sanción de la ley.

La cifra total de los desmontes autorizados por Romero y su correspondiente desglose, mes por mes, fue oficialmente suministrada a este cronista por la secretaria de Política Ambiental del actual gobierno de Salta, la antropóloga Catalina Buliuvasich, que fue decana de la Facultad de Humanidades de la universidad provincial y una tenaz opositora a la depredación forestal perpetrada durante la gestión del actual vicepresidente del Senado. La presencia de esta funcionaria en el nuevo gobierno del joven Juan Manuel Urtubey podría indicar que el ex diputado salteño –que hizo carrera durante los años de Romero y luego pasó a las tiendas del kirchnerismo– estaría dispuesto a cumplir el compromiso que asumió como candidato ante las organizaciones campesinas y de los pueblos originarios que se reúnen en el Foro Provincial de la Agricultura Familiar.

Pero nada se puede asegurar mientras no haya indicios claros de que se va a respetar, a rajatabla, la ley que el ex gobernador intentó burlar.

De momento proliferan protestas y amparos de quienes podrían ser directamente perjudicados por la maliciosa “previsión” de Romero, que en noviembre de 2007, cuando la ley era finalmente sancionada por el Senado (que la hizo dormir durante un año), otorgó permisos de desmonte por un total de 168.872 hectáreas y en diciembre autorizó que las topadoras derribaran 63.919 hectáreas adicionales de selvas originarias.

Puede que el lector no alcance a imaginar cabalmente lo que esto significa, de qué manera influye para que la Argentina, otrora uno de los países más fértiles de la tierra, sea crecientemente desertificada por el monocultivo (la fiebre de la soja) y contribuya, de manera protagónica, al proceso de “cambio climático”, a la destrucción cada vez más acelerada de nuestro hemisferio y del planeta.

Para medir la magnitud de la catástrofe que nos amenaza, basta recordar que a principios del siglo XX había 150 millones de hectáreas de bosques nativos y que hoy nos quedan, apenas, 31 millones.

El tema, por cierto, no es paisajístico. Además de perder árboles centenarios, se amenaza la biodiversidad (que comprende más de una especie animal en peligro de extinción) y se expulsa de sus tierras, a palos o a balazos (ya lo contaremos en alguna ocasión), a comunidades campesinas que han vivido muchos años explotando racionalmente el ecosistema.

El dato sobre el achicamiento exponencial de nuestras selvas nativas suele citarlo Greenpeace, una de las organizaciones ambientalistas que han luchado con mayor denuedo contra esta depredación de la riqueza forestal.

Según esta ONG, el gobierno de Romero se puso a la cabeza de otras administraciones provinciales deforestadoras, al autorizar desmontes que representaban cinco veces y media más que los permitidos en 2006 y que equivalen a 21 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Greenpeace no exagera, como dicen sus detractores norteños: ellos habían contabilizado permisos por un total de 425.958 hectáreas; las cifras oficiales suministradas a Crítica de la Argentina elevan el guarismo a 478.204 hectáreas, porque incluyen propiedades rurales de 300 hectáreas o menos.

El dato, sin embargo, no debe llamar a confusión: no estamos aquí ante un presunto plan de desarrollo agropecuario, destinado a favorecer a pequeños y medianos productores y generar empleo en el campo salteño, como afirmaron diputados y senadores obedientes a Romero. El desglose de las propiedades donde se desmonta –según Greenpeace– incluye más de un latifundio superior a las 30 mil hectáreas y el promedio general –contabilizando 68 propiedades– es de 6.254 hectáreas. ¿De qué pequeños productores hablaba la senadora Sonia Escudero (un apellido premonitorio) cuando atacaba la Ley de Bosques?

Sin embargo, la valiente actitud de campesinos, pueblos originarios y organizaciones ambientalistas a favor de la Ley de Bosques hizo retroceder a más de un gran propietario.

Es el caso de Arcor S.A.I.C. que, el 14 de marzo de 2007, desistió voluntariamente del permiso de desmonte que la cómica Secretaría de Medio Ambiente de Romero le había otorgado para sus fincas Don Tito y Las Maravillas, en el departamento de San Martín. Hablamos de 43.814 hectáreas.

Lo que se diría “un pequeño productor”. No es, en cambio, el caso de El Álamo, una finca de 30.962 hectáreas, que pertenece a los hermanos estadounidenses Paul David y David Kent Gabel, dueños de la firma Quebracho Colorado, que el año pasado compraron 10 mil hectáreas en Tolloche. Los hermanos texanos iniciaron el desmonte el 6 de febrero último, con cuatro poderosas topadoras, que hicieron caso omiso de la protesta presentada por la comunidad indígena El Traslado, a la cual no se le permitió participar en el trámite previo al otorgamiento del permiso, según denunció la organización ambientalista Asociana y el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas (IPPIS). Las tierras de estos latifundistas extranjeros lindan con el lote fiscal 14, que utiliza la comunidad wichi, perversamente castigada con los desmontes.

Un dato adicional, aportado por el Nuevo Diario de Salta, viene a ratificar todo lo afirmado en esta nota con relación a la mala fe del ex gobernador Romero y sus secuaces: “Dos días antes de que se aprobara la Ley de Bosques, el ex secretario de Medio Ambiente, Gustavo López Asensio, los autorizó a desparejar (un desmonte con rollos que dejaría a salvo los árboles más grandes) 21.407 hectáreas, con el fin de habilitar el campo para la ganadería”. Sin embargo, como el mismo diario aclara a continuación, el desmonte “parcial”, que supuestamente preservaría a los árboles ancianos, no lo era tanto. “…

El proyecto abarca toda la finca, porque se prevé que se dejarán cortinas y un área de ‘conservación’ de apenas 1.664 hectáreas”.

El diario concluye informando que Asociana “tras recibir rechazos de parte de las autoridades salientes, presentó un recurso de reconsideración ante el actual ministro de Ambiente y Desarrollo Humano Julio Nasser, quien todavía no tomó una decisión al respecto”.

A lo mejor toma la decisión al ver las imágenes de las topadoras en esta nota.

Los texanos no están solos en la lista de “pequeños propietarios”: la generosidad de la era romerista incluyó a don Franco Macri, progenitor del jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y propietario de la estancia El Yuto, a la que –según Greenpeace– se le adjudicaron –entre 1997 y 2001– seis permisos de desmonte por un total de 4.506 hectáreas.

Más ilustrativo aún es el caso de Cresud S.A.C.I.F. y A., una de las empresas agropecuarias más poderosas del país, cuyo principal accionista es el señor Eduardo Elsztain, dueño de la mayoría de los shoppings del país, como Alto Palermo y el Paseo Alcorta, además, por supuesto, del Banco Hipotecario.

Según Cresud, en su finca de Los Pozos (que abarca 248 mil hectáreas) ya cuenta con 32 mil hectáreas desmontadas que serán dedicadas a la ganadería vacuna. Según datos catastrales de la provincia de Salta, la superficie desmontada por la empresa alcanzaría en realidad las 59 mil hectáreas.

Además, entienden lo que es el lobby parlamentario: junto con los ingenios Ledesma y El Tabacal (otros desmontadores importantes) conformaron la Fundación para el Desarrollo Sustentable del NOA (FUNDESNOA).

En abril de este año, mientras el senado de la Nación le suministraba barbitúricos a la Ley de Bosques, girándola a cinco comisiones, el senador salteño Marcelo López Arias presentó un proyecto de ley “De presupuestos mínimos de Protección Ambiental de los Bosques nativos y de los Servicios Ambientales que brindan”, que intentaba sepultar a la Ley de Bosques aprobada por la Cámara de Diputados el 14 de marzo anterior. El acto fallido contó con el aval oficial de FUNDESNOA.

Probablemente, por una de esas cosas simpáticas que tiene la democracia: los campesinos se movilizaron, los pueblos originarios se movilizaron y las organizaciones ambientalistas, con Greenpeace a la cabeza, lograron un millón y medio de firmas a favor de la ley de Bosques.

Los condenados de la tierra

El portavoz de los wichi sollozaba abrazado a mí, como si yo pudiera –por ser diputado– liberarlo de todas las humillaciones sufridas por él y por su pueblo. Unos minutos antes, durante la conferencia de prensa que habíamos organizado con el diputado Remo Carlotto (PJ-Frente para la Victoria), José Nicanor Molina, a quien no le gusta que lo llamen “cacique”, había protestado contra los desmontes, contra la prepotencia de los señores feudales de Salta, que habían llegado al extremo de arrasar con sus topadoras el cementerio de sus antepasados.

La conferencia se llevó a cabo en el salón José Luis Cabezas de la Cámara de Diputados y no pude menos que relacionar aquel crimen individual, aún impune y malversado por la pseudojusticia bonaerense, con estos otros crímenes colectivos –igualmente impunes– que la Argentina prohíja con siniestra regularidad.

Asistían funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y representantes de pueblos originarios y comunidades campesinas como el MOCASE de Santiago del Estero. Fue el miércoles 21 de noviembre de 2007, mientras el Senado discutía y finalmente aprobaba la Ley de Bosques.

“Antes se llevaban el oro, ahora se llevan el oro verde, la vida misma”, dijo el portavoz de los wichis. Y recordé lo que me solía decir Fernando Benítez, el gran escritor mexicano, autor de Los indios de México: “Mantienen lazos con las cosas vivas que nosotros hemos perdido, una visiónÇ cósmica y adánica del Universo”.

Molina lo confirmó, acongojado, al hablar de los árboles, de cada árbol desgajado por las topadoras sojeras, con infinita ternura.

Pero las topadoras no paran. Las de la empresa Quebracho Colorado de los hermanos texanos Gabel destruyen a destajo en El Alamo, afectando directamente a la comunidad wichi de El Traslado.

En la reserva de la biósfera de las Yungas, echan a patadas a los activistas de las ONG que intentan frenar los desmontes.

Las audiencias públicas son una burla. Los estudios de impacto ambiental una farsa. Hay ya asesinatos cometidos por los desmontes y su vínculo perverso con el narcotráfico.

Como bien dijo la niyat de la comunidad wichi-guaraní, Octorina Zamora, reclamando la nulidad de una audiencia amañada por los señores de la tierra: “Ésta es una manera de liquidarnos, antes fue el Winchester, hoy es la soja”.

Tu firma vale la pena

Esta campaña de Amnesty tiene como objetivo difundir la importancia que tienen las peticiones y las ciberacciones.

Muchas veces es complicado mostrar el efecto real que este tipo de acciones que emprenden algunas ONG´s tienen en la vida política de un país o región.

Este video colabora en este sentido, para hacer visible los efectos que los pedidos que se realizan sobre objetivos políticos o corporativos (en este caso sobre derechos humanos.

Desde mi labor en Greenpeace, he visto los efectos directos de la participación ciudadana en los casos en que invitamos a los socios y ciberactivistas de Greenpeace a participar de nuestras campañas colaborando en nuestros reclamos.

El último y más eficaz caso, fue durante la campaña de “Un millón de votos por la Ley de Bosques” en donde más de 1.500.000 de personas “votaron” a favor de esta Ley que finalmente fue sancionada y que ya está comenzando a aplicarse, favoreciendo así la protección de los últimos bosques nativos que quedan en nuestro país.

Mi trabajo enfocado en planificar las estrategias web y mobile para lograr este objetivo dieron su resultado y conseguimos que del número total de firmas, más de 1.100.000 provinieran de canales digitales.

Estoy convencido que sin la participación ciudadana, la obtención de esta ley se hubiera demorado muchísimo tiempo, o incluso que nunca se obtuviera. También creo que la decisión de priorizar las estrategias correspondientes a herramientas de Nuevas Tecnologías hizo posible la difusión de esta campaña en poco tiempo y a bajo costo, gracias a la viralidad alcanzada por esta campaña.

Las TICs fueron sin duda el elemento clave para brindar a todos los que estaban interesados en defender los bosques una herramienta concreta de participación eficaz.

El agradecimiento a este millón y medio de personas también lo hicimos utilizando estas herramientas. En este caso, fue un video difundido en Youtube y comunidades similares. (WebTV)

Ley de Bosques Argentina: Los Senadores la aprobaron ayer.

Después de años de trabajo conseguimos estar muy cerca de salvar los últimos bosques nativos de nuestro país.

Ayer los Senadores aprobaron la Ley que incluye una moratoria a los desmontes y ahora solo falta que los diputados la sancionen.

Estamos a un paso.

Quiero agradecer como miembro de Greenpeace y especialmente de los que diseñamos la campaña “1 millón de votos por la Ley de Bosques” el apoyo de más de 1.500.000 personas que se sumaron a este pedido.

Se imaginarán lo contento y emocionado que estoy con esta noticia, sabiendo la potencia de esta medida y de la importancia que tiene para la biodiversidad de nuestro país, y sobre todo para las comunidades indígenas y campesinas que cada día son desalojadas en nombre del progreso sojero.

Les dejo un vídeo de mi amigo Hernán Giardini, Coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace Argentina, donde explica y agradece por este logro.

Muchas Gracias. (Iba a decir “Gracias Totales”, pero eso ya lo escuché en otro lado)

Ley de Bosques Argentina: ¡Llamá a los Senadores!

Hacé click aquí, buscá a los Senadores de tu provincia y llamalos para exigirles que en la votación en particular de la semana próxima respeten el espíritu de la Ley de Bosques aprobada en diputados y apoyada por más de un millón de argentinos, que incluye una moratoria a los desmontes.

La moratoria es necesaria para evitar procesos especulativos, como el que está ocurriendo en Salta, donde, este año se solicitaron autorizaciones para desmontar más de 355 mil hectáreas de bosques.

Ley de Bosques Argentina

Greenpeace reclamó la inclusión de la moratoria en la votación en particular.

Greenpeace reclamó este miércoles al Senado Nacional, que aprobó esta tarde en general la ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Bosques Nativos, que garantice la moratoria para detener los desmontes en la votación en particular que tendrá lugar la semana próxima.

La Ley de Bosques fue aprobada esta tarde en general y el tratamiento en particular pasó para la semana próxima debido a la fuerte presión ejercida por el lobby sojero de las provincias del Norte que intentó hasta última hora desvirtuar la moratoria que detiene los desmontes.

“La decisión de no aprobar por completo la ley demuestra las fuertes diferencias que hay en el bloque oficialista sobre este tema. Sabemos que hay presiones para desvirtuar la moratoria e instalar una ley contraria al proyecto original que establecía la detención de los desmontes hasta que cada provincia realice el ordenamiento territorial de sus bosques nativos, lo que resulta vital para que la norma sea efectiva”, declaró Juan Carlos Villalonga, Director Político de Greenpeace.

Después de varios días de negociaciones, el Senado finalmente incluyó en el temario la Ley de Bosques, pese a las presiones de las provincias que intentaron licuar el espíritu de la norma. “Para nosotros, es un paso adelante que los senadores hayan acusado recibo de la presión de más de un millón de personas y que hayan decidido tratar la Ley.

Sin embargo, las organizaciones vamos a seguir de cerca la discusión para garantizar que se apruebe un texto que respete el espíritu de la ley aprobada en diputados y apoyada por más de un millón de argentinos. La moratoria es necesaria para evitar procesos especulativos, como el que está ocurriendo en Salta, donde, este año se solicitaron autorizaciones para desmontar más de 355 mil hectáreas de bosques”, aseguró Hernán Giardini, Coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace.

La Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Bosques Nativos fue presentada el año pasado en la Cámara de Diputados por el Diputado Miguel Bonasso e impulsada por Greenpeace y otras organizaciones ambientalistas y contó con el apoyo del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) y la Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina (ONPIA) y la Asociación Forestal Argentina (AFOA).

A fines de 2006, se trató por primera vez en Diputados y en el mes de marzo de 2007, luego de una larga sesión, la Cámara Baja le otorgó la media sanción y la giró para su discusión a seis comisiones del Senado: Presupuesto y Hacienda, Legislación General, usticia y Asuntos Penales, Industria y Comercio, Ambiente y Desarrollo Sustentable y Agricultura, Ganadería y Pesca.

La fuerte presión ejercida por los representantes de las provincias del norte, que se oponen a distintos artículos de la Ley impidió que se discutiera en las comisiones y que llegara a ser tratada en el recinto. A esto se sumó el parate en el que estuvo en Congreso durante el tiempo que duró la campaña electoral. Debido al retraso en el tratamiento de la Ley, Greenpeace, junto a distintas organizaciones ambientalistas de todo el país, entre quienes se encuentran Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Fundación Vida Silvestre impulsó la campaña Un millón de firmas por los bosques, con el objeto de sumar las adhesiones de los ciudadanos para exigir a los senadores el tratamiento de la Ley. El número previsto inicialmente se vio ampliamente superado y más de 1.300.000 personas ya sumaron su respaldo.

A principios del mes de octubre las organizaciones entregaron en el Senado las planillas que contenían las firmas junto con un petitorio formal para exigir la aprobación de la Ley de Bosques.

La presión de la gente hizo que, una semana más tarde, el presidente del bloque oficialista de la Cámara Alta, Miguel Ángel Pichetto junto con la Secretaria de Ambiente y Recursos Naturales, Romina Picolotti dieran una conferencia de prensa en la que el oficialismo se comprometió a tratar la Ley en la primera sesión posterior a las elecciones del 28 de octubre.

La Ley de Bosques establece diez criterios ecológicos y categorías de conservación que apuntan a planificar las actividades forestales, agrícolas y ganaderas evitando la fragmentación y degradación del bosque nativo, y establece como prioritarios cuidar a los bosques que actualmente ocupan y utilizan comunidades indígenas y campesinas.

La Noticia en los Medios Nacionales:

Aprobada en general, ahora debatirán cada artículo. (Clarín)

La Ley de Bosques sigue seca (Página 12)

Sigue la discusión por la Ley de Bosques (La Nación)

Deforestación, negocio inmobiliario y producción agrícola-ganadera

Hay una expansión del desmonte de bosque nativo a favor de la producción agrícola-ganadera, aseguró director de Bosques de la Secretaría de Ambiente de la Nación, Jorge Menéndez. El negocio de la expansión de la frontera agropecuaria y la especulación inmobiliaria.

En el marco del tratamiento de las leyes para la protección de los bosques nativos, en materia de presupuestos mínimos, la Comisión de Ambiente del Senado organizó una jornada de técnico política donde la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Romina Picolotti, llevó un mensaje concreto del Ejecutivo Nacional: el Presidente en persona pidió que se apoye la ley que ya tiene media sanción de Diputados.

Se trata de la denominada Ley Bonasso, que generó un revuelo en la Cámara alta y disparó la presentación de media docena de proyectos alternativos, en su mayoría impulsados por legisladores del norte, ya que es allí donde se concentra la gravedad del problema por la expansión de la frontera agrícola, la especulación inmobiliaria y la ganadería.

Menéndez indicó que el desmonte de bosques nativos se incrementó en el periodo 2002- 2006, de acuerdo al relevamiento que realiza la Secretaría y sostuvo que esto “nos coloca en una situación grave”. “En el periodo 1998 a 2002 estábamos en cerca de 230.000 hectáreas anuales de desmonte. Ahora ya estamos en 300.000 hectáreas y con menos provincias, esto es de modo más concentrado” señaló.

Entre las causas de la deforestación mencionó la expansión de la frontera agropecuaria y la especulación inmobiliaria. Con respecto a este último factor, explicó que “hoy un buen campo en la zona núcleo de la Argentina con suelos maduros y “rindes top” está superando los 10.000 dólares la hectárea, alrededor de 13.000 dólares.

Campos que en diciembre costaban 9.500 dólares, cuando se comienza a mover el maíz, perforaron largamente el techo de los 10.000 dólares”.

Apuntó que en las provincias del norte “se están vendiendo campos a menos del 10% de ese valor, un campo con el bosque nativo incluido vale unos 400 la hectárea.

Si se le suman unos 800 dólares de desmonte el valor llega a 1.200 o 1.400 dólares la hectárea”. Precisó que estos campos son adquiridos por fondos de inversión para la actividad agrícola “que no saben lo que están comprando, entonces los rendimientos llegan a la mitad de lo que puede rendir un buen campo, pero con una inversión de arranque muy inferior, por lo tanto rentable”.

Menéndez explicó que el desmonte que se realiza en esos campos no es normal, directamente se tala todo y se quema, lógicamente porque el inversor quiere rápidamente participar de la próxima campaña agrícola” y adelantó que “se va a crear un desastre ambiental inédito, porque se realiza un movimiento de suelos tremendo y luego se incendia la madera leñosa provocando además la calcinación del suelo. Nadie estudia qué pasa con esos suelos”.

“Pero esa rentabilidad dura mientras el recurso suelo aguante, después se acabó, esos campos no sirven para nada, y no valen nada” advirtió y reveló que ahora “estamos viendo que hay una expansión en el desmonte en la provincia de Formosa donde los bosques ceden lugar a la producción ganadera”.

El funcionario detalló que “un 80% los bosques en la Argentina son privados, hay muy poco bosque en manos del Estado. La transacción es entre privados, por eso para complementar una ley de bosques nativos como la que se estudia en el Senado tiene que haber otra de carácter económico que estimule al dueño del bosque a no venderlo”. (Agrodiario)


Senadores Sonámbulos duermen la "Ley de Bosques"



Despertador a las 5.45.

Ducha rápida y salir corriendo a la oficina de Greenpeace, donde nos encontramos con otros compañeros de la oficina y voluntarios para cambiarnos y subirnos al micro que nos llevó al Congreso.

Una Ley de Bosques sumamente necesaria para defender lo poco que nos queda y que demora en salir.

Muertos de frio y simbolizando a Senadores que “Duermen la Ley”, protestamos pacíficamente para exigir su tratamiento por la Cámara Alta.

No se rían mucho con mi foto.

Para participar pueden enviarle un despertador a los Senadores haciendo click aquí

Si quieren más info, acá les dejo el comunicado de Greenpeace.


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Greenpeace reclamó hoy ante el Senado de la Nación el urgente tratamiento de la ley bosques y volvió a denunciar la poca voluntad política que los senadores nacionales tienen para detener la deforestación.

Cincuenta activistas de Greenpeace representaron frente al Congreso Nacional a los senadores sonámbulos deambulando en los alrededores del Parlamento y desplegaron un cartel en el que se leía: “Despiertensé. Ley de Bosques Ya”.

“Mientras la ley de bosques duerme en un cajón, los desmontes y los desalojos de comunidades campesinas e indígenas no paran. La tasa de deforestación promedio en nuestro país supera tres veces la media mundial.

Por eso necesitamos el urgente compromiso de todos los senadores para frenar este verdadero desastre ambiental”, afirmó Hernán Giardini, coordinador, de la campaña de bosques de Greenpeace Argentina.

En Argentina se desmontan más de 250.000 hectáreas de bosque nativo por año, lo que equivale a 1 hectárea cada dos minutos. La mayor parte de la deforestación se produce en el norte de nuestro país por el avance de la agricultura y la ganadería.

“Claramente hay poca voluntad política para tratar este tema. Mientras se entregan cada vez más permisos para desmontar, la mayoría de los senadores mira para otro lado. Necesitamos de manera urgente realizar un ordenamiento territorial de nuestros últimos bosques nativos para hacer un uso racional de los mismos”, sostuvo Juan Carlos Villalonga, Director Político de Greenpeace Argentina.

La campaña que impulsa Greenpeace para despertar senadores culminará el próximo 5 de junio, Día del Medio Ambiente, con un “Relojazo” frente al Congreso Nacional en el que se invitará a la gente a partiricpar llevando un reloj despertador con el fin de lograr que los senadores “se despierten” y aprueben la ley.

La Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos ya cuenta con media sanción y es impulsada por organizaciones de todo el país, entre ellas Greenpeace, el Taller Ecologista de Rosario, la Fundación Proteger de Santa Fe, la Fundación M-Biguá de Entre Ríos, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), la Organización de Pueblos y Naciones Indígenas en Argentina (ONPIA), la Federación Agraria Argentina, la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA), la Fundación ProYungas, Fundapaz, la Fundación Vida Silvestre Argentina y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

La norma establece la moratoria a los desmontes hasta tanto las provincias realicen un ordenamiento territorial de los bosques nativos que garantice el uso sustentable de los mismos, y prohíbe explícitamente el otorgamiento de permisos de desmonte en zonas tradicionalmente habitadas.


Ley de Bosques: "Lo hice sin querer, queriendo"

Es cierto, lo hice sin querer, queriendo, pero lo importante, más allá de la anécdota, es que le reclames a los Senadores que aprueben rapidamente la Ley de Bosques.

Publicado en Página 12 de Hoy:

BOSQUES

Los servidores de las computadoras del Congreso estuvieron a punto de saturarse ayer cuando recibieron más de 700 mil mensajes ilustrados con un reloj despertador. “Despertá ahora a los senadores que están durmiendo la ley”, decían los e-mails que enviaron diez mil simpatizantes de la agrupación Greenpeace para pedir la sanción de la ley de protección a los bosques nativos.

“Al mismo tiempo que la Ley de Bosques duerme en el Senado –agregaban los mensajes–, los pedidos de desmontes continúan autorizándose y la destrucción de nuestros bosques nativos se acelera a un ritmo vertiginoso. Es imprescindible que los senadores reaccionen.”

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Diputados dan media sanción a la Ley de Bosques Impulsada por Greenpeace

Greenpeace consideró hoy que la media sanción de la ley de bosques constituye un paso fundamental en la protección de los bosques nativos que deberá ahora ser refendado por el Senado Nacional, en concordancia con las prioridades ambientales establecidas por el presidente Néstor Kirchner en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias.

Esta noche, luego de un fuerte debate, la Cámara de Diputados le dio media sanción esta tarde al proyecto de Ley de Bosques, a pesar de la férrea resistencia de algunos diputados de las provincias con más alta tasa de deforestación del país, como Salta y Formosa, finalmente la Ley de Bosques ya cuenta con media sanción.

La Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, que fuera aprobada en general a fines del año pasado, fue tratada esta noche artículo por artículo hasta lograr la media sanción. La norma, tal como fue aprobada, establece una moratoria a los desmontes por un año o hasta que cada provincia desarrolle un ordenamiento territorial en sus bosques nativos, para que el territorio sea utilizado de manera racional, compatibilizando las necesidades sociales, económicas y ambientales.

La Ley de Bosques fue impulsada por Greenpeace y otras organizaciones ambientalistas y cuenta con el apoyo de numerosas organizaciones campesinas e indígenas como la Federación Agraria Argentina, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) y la Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina (ONPIA).

“Estamos muy cerca de lograr algo esencial para el futuro de nuestros últimos bosques nativos, ya que el ordenamiento ambiental que propone la ley es un instrumento de política ambiental nacional fundamental, cuyo objetivo es regular el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente a partir del uso sustentable de los bosques nativos, tras una evaluación de las unidades presentes en cada provincia”, explicó Juan Carlos Villalonga, director Político de Greenpeace Argentina.

La norma establece diez criterios ecológicos y categorías de conservación que apuntan a planificar las actividades forestales, agrícolas y ganaderas evitando la fragmentación y degradación del bosque nativo, y establece como prioritarios cuidar a los bosques que actualmente ocupan y utilizan comunidades indígenas y campesinas.

“Hoy se dio un primer paso muy importante para detener los desmontes irracionales que son cada vez más frecuentes en el norte de nuestro país y producen pérdida de biodiversidad, desertificación e inundaciones. La ley además protegerá a cientos de campesinos e indígenas que permanentemente son desalojados por las topadoras. Esperamos que los senadores también aprueben la ley para terminar con este desastre ambiental y social”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Biodiversidad de Greenpeace Argentina.

En la Argentina, por año, se desmontan 250 mil hectáreas de monte nativo, principalmente en el Chaco Seco, donde se produce el 70% de la deforestación anual por culpa de la expansión agrícola (en la mayoría de los casos soja transgénica) y ganadera. El Chaco Húmedo y la selva pedemontana de las Yungas forman parte también de la lista de áreas amenazadas. La Selva Misionera alberga la más alta biodiversidad del país, pero sólo queda un 7% de la superficie original, y la mayor parte se encuentra en nuestro país, ya que en Paraguay y Brasil ha sido prácticamente destruida. A la destrucción del bosque para conversión en tierra de cultivo se le suma el reemplazo de selvas por forestaciones implantadas, para uso industrial.

El Gobierno Nacional, en su Informe Geo Argentina 2004, consideró que “la Argentina se encuentra en estado de emergencia forestal y si se mantiene la meta de llegar a los cien millones de toneladas de producción de granos, tendría que extenderse la frontera agropecuaria entre 12 y 15 millones de hectáreas, con lo que en los próximos años estaríamos convirtiendo a la actividad agropecuaria el 50 por ciento de la actual cobertura de bosques nativos”.

“De los bosques obtenemos una serie de bienes y servicios indispensables para nuestra supervivencia: alimentos vegetales y animales, maderas y medicamentos; y juegan un papel fundamental en la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua y la conservación de los suelos. Por ello, las selvas y demás bosques son posiblemente el patrimonio natural más importante pero también el más amenazado y depredado por la mano del hombre. Por eso debemos detener los desmontes para poder planificar las actividades productivas sin hipotecar el futuro”, agregó Giardini.

Ministro del Interior comprometió apoyo a la Ley de Bosques

LAS ‘MADRES DEL MONTE’, GREENPEACE Y EL MOCASE FUERON RECIBIDOS EN LA CASA ROSADA.

EL GOBIERNO ANUNCIO QUE INTERVENDRA EN EL CASO DE “ALGARROBAL VIEJO”


BUENOS AIRES, 6 de febrero de 2007 – El ministro del Interior, Aníbal Fernández, comprometió hoy el apoyo del Gobierno Nacional a la ley de bosques, incluida dentro del temario de las sesiones extraordinarias que tratará la Cámara de Diputados en febrero y anunció la creación de una mesa de negociación para encontrar una solución al caso de Algarrobal Viejo, el pueblo santiagueño amenazado por un desmonte autorizado por la provincia de Salta.

Fernández, junto con el Subsecretario de Política Ambiental, Bruno Carpinetti, recibió hoy en la Casa Rosada a un grupo de “Madres del Monte” -que la semana pasada realizaron una protesta frente a la casa del presidente Néstor Kirchner, en El Calafate- a la presidenta del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), Nelly Véliz, y al director Político de Greenpeace, Juan Carlos Villalonga.

“El ministro expresó el apoyo del Gobierno Nacional a la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Bosques Nativos y aseguró que el Poder Ejecutivo dialogará con los diputados oficialistas para compromterlos en la sanción de la ley”, sostuvo Villalonga, al término del encuentro que se prolongó por casi una hora.

Además, el ministro anunció la creación de una mesa de diálogo para encontrar una solución al caso de Algarrobal Viejo, el pueblo de donde son oriundas dos de las “Madres del Monte” que participaron de la reunión, Juana Rosario Arias y Delma Marcelina Aranda.

Según anunció Fernández, la mesa estará integrada por funcionarios del Ministerio del Interior y de la Secretaría de Medio Ambiente, por el MOCASE, pobladores de Algarrobal y los gobiernos de Salta y Santiago del Estero. Además, el ministro aseguró que existe un compromiso del gobierno de Salta de “no autorizar” el desmonte del monte límitrofe con el pueblo hasta que no se encuentre una solución al conflicto.

Las “Madres del Monte”, que habían acampado la semana pasada frente a la residencia del presidente Néstor Kirchner en El Calafate, levantaron su protesta el viernes pasado luego de que el Gobierno Nacional se comprometiera a recibirlas en la reunión que se concretó esta mañana, donde expresaron su desesperación por el acelerado proceso de destrucción de los bosques nativos de los que depende la substiencia de cientos de pequeñas localidades campesinas del norte argentino.

“La situación que se vive en Algarrobal Viejo es muy similar a la que viven muchísimos otros pueblos de nuestro país. Con los desmontes, los campesinos y los indígenas, tradicionales ocupantes de nuestros bosques, son desalojados por las topadoras, y muchas veces esto sucede con permiso de las provincias. Es por eso que necesitamos que de manera urgente se apruebe la Ley de Bosques”, señaló Arias.

La Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental del Bosque Nativo fue aprobada en general por la Cámara de Diputados en diciembre e incluida en el temario de las sesiones extraordinarias, para ser tratada en particular durante las sesiones que tendrán lugar en febrero.

El proyecto de ley establece una moratoria a los desmontes por 5 años o hasta tanto cada provincia desarrolle un ordenamiento territorial en sus bosques nativos, para que el territorio sea utilizado de manera racional, compatibilizando las necesidades sociales, económicas y ambientales.

La norma establece diez criterios ecológicos y categorías de conservación que apuntan a planificar las actividades forestales, agrícolas y ganaderas evitando la fragmentación y degradación del bosque nativo, y establece como prioritario cuidar a los bosques que actualmente ocupan y utilizan comunidades indígenas y campesinas.

En la Argentina, por año, se desmontan 250 mil hectáreas de monte nativo, principalmente en el Chaco Seco, donde se produce el 70% de la deforestación anual por culpa de la expansión agrícola (en la mayoría de los casos soja transgénica) y ganadera.

La Ley de Bosques se tratará en Extraordinarias

Por Miguel Jorquera

La casilla del correo electrónico de la Jefatura de Gabinete se atiborró con miles de e-mails enviados por ambientalistas que reclamaban la inclusión de la emergencia forestal entre las prioridades parlamentarias del Gobierno. Pero recién ayer, el ministerio que dirige Alberto Fernández y la propia secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, admitieron que la “ley de presupuestos mínimos para los bosques nativos” está incluida en la lista de temas que completan el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias que el Poder Ejecutivo enviará a fin de mes al Parlamento. Pero el proyecto original, impulsado por el diputado kirchnerista Miguel Bonasso, ya tiene la aprobación en general de la Cámara baja, aunque nunca avanzó en el tratamiento de sus artículos y lo dejó en un extraño estado legislativo a mitad de camino entre la sanción y el rechazo. Todo cruzado por una sórdida puja dentro del bloque oficialista.

La conferencia de prensa era para el anuncio de la reforma del sistema previsional, pero Alberto Fernández reconoció ahí la intensa campaña de los grupos ambientalistas que llenaron de correos electrónicos la página web de su ministerio. Luego, desde la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Medio Ambiente afirmaron que la emergencia forestal será parte de las sesiones extraordinarias del Congreso, previstas para comienzo de febrero. “Esperamos que sea sancionada, porque es muy importante para el presente y para el futuro y para cuidar el patrimonio de los argentinos”, señaló Picolotti con cierto optimismo porque la ley no vuelva a tener tropiezos legislativos que no pudo sortear el año pasado. “No se trata de volver intocable al bosque en el país”, afirmó la funcionaria. La emergencia sólo regulará los desmontes que se paralizarán hasta que un relevamiento nacional establezca la situación en cada lugar del país.

Pero estos mismos argumentos tampoco lograron torcerles el brazo a los propios legisladores del Frente para la Victoria que se oponían a la iniciativa. Todos ellos, abroquelados detrás de las políticas implementadas por los gobiernos de las provincias de Salta, Misiones y Formosa, y otras del nordeste argentino. Los gobernadores no quieren resignar la autoridad sobre los permisos para desmontes ni atarse a una legislación que le ponga límites.

Su férrea resistencia logró tachar dos veces la “emergencia forestal” del temario de las sesiones en la Cámara de Diputados y sólo aceptó su aprobación en general antes que la confrontación en el oficialismo estallara públicamente y después de introducir no pocas modificaciones al proyecto original. Entre ellas, la consulta obligatoria a las comunidades indígenas que habitan los bosques nativos antes de que sean talados.

En esa oportunidad, Bonasso prefirió exponer la confrontación legislativa en términos económicos y no políticos: “El estancamiento del tema es producto del lobby sojero”, dijo el diputado para graficar la expansión de ese cultivo sobre las tierras de los bosques nativos arrasados.

De acuerdo con un informe oficial elaborado en 2004, Argentina perdió en los últimos 70 años más del 70 por ciento de su patrimonio forestal nativo, ya que pasó de las 107 millones de hectáreas que ocupaban en 1935 a los sólo 33 millones que se conservan en la actualidad. “El problema es que desde que se conoció la ley se incrementó el proceso de entrega de permisos para desmonte, sobre todo en Salta, que por día entrega de 10 mil a 25 mil hectáreas”, denunció Hernán Giardini, de Greenpeace.

¿Habrá alguna vez verdadera ley de bosques?

Del Newsletter “Ambiente y Medio” de Sergio Federovisky


Esta última semana, tras varias postergaciones y operaciones diversas que llevaron a que Greenpeace denunciara a un puñado de diputados norteños por boicotear la iniciativa, se aprobó en general la ley de bosques. Esta semana deberá tratarse en particular, aunque se presupone que las presiones serán de tal magnitud que prevalecerá un criterio que morigerará el espíritu original de la norma. El propósito que llevaba esta iniciativa, además de frenar los desmontes a través de una moratoria, era establecer criterios muy estrictos para futuras autorizaciones de tala. Sin embargo, a último momento, el miércoles pasado apareció la idea de autorizar los desmontes con apenas una declaración jurada de las empresas. Conociendo los intereses en juego, la idea es una barbaridad. Sólo hay que recordar que –con el fin de sembrar soja- la provincia de Salta vendió una reserva y otra provincia, Chaco, no puede explicar la disminución grosera de las tierras fiscales vírgenes en apenas cinco años.

Hernán Giardini, de la organización Greenpeace Argentina, advirtió que en esa votación pormenorizada que se efectuará esta semana “está en riesgo el espíritu de la norma ya acordada”.

La iniciativa, aprobada por 150 legisladores sobre un total de 176 presentes, establece el alto a los desmontes hasta que cada provincia tenga su propio plan de ordenamiento territorial. Pero diputados que impulsaron la norma aseguran que algunos gobiernos provinciales presionan para que la moratoria sea de adhesión voluntaria. Es decir, inexistente.

La ley no es menor. Pretende frenar una pérdida estimada en al menos 250.000 hectáreas por año para favorecer el avance de la agricultura intensiva y la ganadería.

Una vez sancionada la ley, “cualquier desmonte será ilegal, incluso los que se realizan con el supuesto amparo de las autoridades provinciales”, advirtió. De allí la fuerte resistencia de gobernadores y legisladores de provincias norteñas.

Igualmente, aunque el miércoles lo aprobara la Cámara de Diputados, la norma debe ir luego al Senado, el feudo de las provincias.

La iniciativa declara transitoriamente la emergencia forestal en todo el territorio y prohíbe los desmontes sin previa autorización de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Para que el organismo ceda el permiso, cada jurisdicción deberá presentar un plan de ordenamiento de su territorio.

El plan de cada provincia deberá establecer distintas categorías de bosques nativos de acuerdo a la superficie mínima requerida para ser hábitat de especies nativas, a su vinculación con otras comunidades naturales, su estado de conservación, si alberga o no especies raras o en extinción, su potencial agrícola o forestal, etcétera.

Según estos criterios, las zonas verdes –o categoría III– son de bajo valor de conservación y pueden ser transformadas total o parcialmente. Las amarillas –categoría II– tienen un mediano valor de conservación y pueden ser destinadas solo a actividades sustentables, como recolección, turismo e investigación.

Los bosques que sean clasificados con el color rojo, es decir categoría I, serán aquellos de “muy alto valor de conservación” y por lo tanto no deberán modificarse. Sólo después de presentar esta categorización, la Secretaría de Ambiente levantará la prohibición de desmontar, según el proyecto.

Una vez sorteado el embargo, cada interesado deberá presentar un estudio de impacto ambiental a la autoridad competente en cada jurisdicción. Si se trata de un bosque en el que viven pueblos originarios, las comunidades deberán dar su consentimiento a la tala por escrito.

En este punto, legisladores de provincias forestales o que favorecen la expansión de las actividades agropecuarias intensivas, preferirían que en lugar de un estudio de impacto ambiental se exigiera una declaración jurada por parte del inversor.