El Ecocidio

Miguel Bonasso, diputado nacional y autor del proyecto original de la Ley de Bosques publicó un artículo en Crítica, con motivo de la demora de la reglamentación de dicha Ley.

Siguen pasando los días, las semanas y los meses y el Poder Ejecutivo no reglamenta la Ley de Bosques, que promulgó el 28 de noviembre de 2007. Como autor del proyecto original he venido señalando que la ausencia del decreto correspondiente favorece a los interesados en violarla.

Lo que acaba de ocurrir en Salta confirma mis temores y alimenta las peores sospechas. La Legislatura salteña ha votado días atrás una ley de ordenamiento territorial que autoriza al gobernador Juan Manuel Urtubey a presentar un mapa de posibles desmontes, tan amplio como su conciencia se lo permita.

Los legisladores que le han otorgado esa carta blanca (o negra) proceden en su gran mayoría del romerismo y ya sabemos que el ex gobernador Juan Carlos Romero se apresuró a autorizar el desmonte de casi medio millón de hectáreas, cuando se tornó evidente que el Congreso Nacional aprobaría la ley. También sabemos que en Salta las topadoras de los grandes sojeros han volteado ya más de dos millones de hectáreas.

Organizaciones ambientalistas como Greenpeace y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) vienen advirtiendo –en todos los tonos– que no puede talarse ni un metro más por encima del millón trescientas mil hectáreas delineadas en un mapa provisorio de ordenamiento como zona verde. Existe el temor de que Urtubey, dando marcha atrás a sus promesas de campaña, permita el desmonte de tres o cuatro millones de hectáreas, lo que sería un verdadero ecocidio. No es un exceso de susceptibilidad: el senador provincial Alfredo Olmedo presentó un plan de ordenamiento que autorizaba el desmonte de seis millones de hectáreas.

Al ecocidio le sigue el genocidio de las comunidades campesinas y los pueblos originarios. Un reciente fallo ejemplar de la Corte Suprema hizo lugar a la protesta de estas comunidades arrasadas por la tala indiscriminada. Es, hasta hoy, el único poder del Estado que ha demostrado interés por frenar los desmontes. El silencio del Ejecutivo, por el contrario, alienta a quienes desde los gobiernos provinciales se remiten al viejo refrán “Hecha la ley, hecha la trampa”.

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