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EEUU: ¿Por qué los odian tanto?
Un muy buen artículo de Juan Gelman publicado en Página 12 hablando de los miedos américanos y las justificaciones reales sobre porqué son tan odiados.
“Impresiones de Estados Unidos” se titula el informe del Instituto árabo-estadounidense (AAI, por sus siglas en inglés) de Washington sobre la encuesta que realizó con Zogby International en seis países árabes. Se dio a conocer el viernes 23 de julio y no son muy halagüeñas las impresiones ésas: las de 3268 personas de diferentes grupos étnicos y religiosos entrevistadas en Jordania, Líbano, Marruecos, Arabia Saudita, los Emiratos Arabes Unidos –todos aliados de Washington en la llamada guerra antiterrorista– y Egipto manifiestan que la poca simpatía pronorteamericana existente antes de la invasión a Afganistán e Iraq declinó abruptamente en los dos últimos años. Las opiniones favorables a la gran potencia mundial, que en el 2002 oscilaban entre el 11% en los Emiratos y el 38% en Marruecos, son hoy del 2% en Egipto y el 20% en Líbano, el índice más alto.
No parece que W. Bush haya ganado las “mentes y corazones” árabes que pensaba ganar con el derrocamiento de los talibanes y de Saddam Hussein.
“No sé por qué nos odian tanto”, se lamentó alguna vez el mandatario estadounidense. Ese porqué puede hallarse en los resultados de esta encuesta (www.aaaaiusa.org), seguimiento de la que el AAI realizara dos años atrás.
En las seis naciones se aprecia mucho la ciencia, la tecnología, los productos, las películas, la educación y al pueblo de EE.UU., pero se condenan las políticas que su gobierno propina a los árabes en general, y a los palestinos y a los iraquíes en particular.
En el primer caso, los juicios desfavorables van del 85% en Arabia Saudita al 90% en Marruecos; en el segundo, del 89% en Jordania al 95% en Arabia Saudita, lo que entraña obviamente una clara censura al apoyo que Washington presta a Israel; el rechazo a la invasión de Iraq varía del 91% en los Emiratos al 98% en Marruecos.
El antiyanquismo árabe no se origina entonces en el meneado “choque de civilizaciones y culturas”, o en “el odio árabe a los valores estadounidenses”, sino en las prácticas colonialistas que padece el mundo árabe.
El cual tampoco cree en el ejercicio “antiterrorista” de W. Bush: lo impugna del 76% en Jordania al 96% en Arabia Saudita.Para Shibley Telhami, titular de la cátedra Anwar Sadat de la Universidad de Maryland (www.bsos.umd.edu/sadat), “colapsó la confianza en EE.UU.” respecto del Medio Oriente y ha caído a un nivel tan bajo que aunque John Kerry ganara las elecciones de noviembre le sería muy difícil remontarlo.
Esta afirmación sintetiza las conclusiones de la encuesta centrada en la cuestión iraquí que esa instancia universitaria llevó a cabo en mayo de 2004 en Jordania, Marruecos, Líbano, Arabia Saudita y los Emiratos Arabes Unidos.
El entonces anunciado “traspaso de soberanía” a un gobierno provisional iraquí fue considerado “un mero cambio cosmético” por el 60% promedio de los 2586 encuestados, “otro factor de caos” por el 22% y sólo del 2% de sauditas al 16% de libaneses pensó que era “un cambio positivo”.
Cuatro de cada cinco de los interrogados tienen al parecer ideas muy diferentes de las de Bush en materia de soberanía.La Casa Blanca reitera una y otra vez que ahora el mundo es más seguro. El agredido mundo árabe no comparte tal voluntarismo: a la pregunta de si la guerra de Iraq aumentaría o reduciría las actividades terroristas contra EE.UU., casi el 80% promedio respondió que las incrementaría. Se vio en Madrid. La mayoría se muestra escéptica ante las perspectivas democráticas que tanto celebra W. Bush: del 57% de libaneses al 82% de marroquíes entrevistados previó que habría menos democracia en Iraq, como las tropas ocupantes y las autoridades iraquíes instaladas por Washington no tardaron en demostrar.
Para esa mayoría tampoco es verosímil que EE.UU. invadiera Iraq para librarlo de la opresión husseinita y llevar paz y estabilidad al Medio Oriente: pondera que los móviles “extremadamente importantes” y “muy importantes” fueron otros. Del 45% de sauditas al 88% de marroquíes opinó que la verdadera razón es el petróleo; del 47% en Arabia Saudita al 73% en los Emiratos, que el objetivo fue debilitar el universo musulmán; del 44% en Arabia Saudita al 82% en Líbano y Marruecos, que es una acción destinada a proteger a Israel; del 43% en Arabia Saudita al 77% en Marruecos y los Emiratos, que EE.UU. busca dominar al Islam. “¿Le parece que el pueblo iraquí está mejor o peor después de la guerra, o las condiciones son más o menos las mismas que antes de la guerra?”, preguntaron los encuestadores. Respuestas: peor que antes, el 83% promedio; mejor que antes, el 2%; más o menos como antes, el 12%.
Y una pregunta clave que confirma lo registrado en el sondeo del AAI: “¿Diría usted que su actitud hacia EE.UU. se debe sobre todo a los valores estadounidenses o a las políticas estadounidenses en el Medio Oriente?”. Sólo del 9% en los Emiratos al 18% en Marruecos dijo que sí a lo primero.
El 80% promedio indicó lo último. “Es la política, estúpido”, declaró el director ejecutivo del AAI, James Zogby, cuando presentó los resultados de la encuesta. Repetía una frase hecha que circula en los ámbitos políticos de Washington y no la dirigía a nadie en particular. ¿O sí? A W. Bush le gusta repetir que los sentimientos antinorteamericanos del mundo árabe expresan su hostilidad a los valores morales y culturales de EE.UU., a ser “quienes somos”. Pero esos sentimientos también recorren América Latina y –que se sepa– no lo hacen en camello.
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Las trampas del joyero Marcos, un viejo zorro
Autor: Jorge Göttling.
jgottling@clarin.com
Esta es una historia escrita sin ruido y con borratinta. Tiene silencio por todos lados y su crónica será, apenas, un artículo de costumbres, un vulgar recuadro para la página 62. Personajes con pasado enturbiado, rostros pétreos de canto rodado, incluidos en la historia pícara de la ciudad. Marcos, el viejo, tiene hoy un buen capital y un prontuario emblanquecido por cierta antigüedad en la vida decente. Hace años puso una joyería en Barrio Norte, cerca de la guita. De joven, cuando aún todo era deseo, amasó un aforismo que se hizo estilo, impronta, definición de conducta: no quiero que me den plata, quiero que me pongan cerca de la plata. Y en ese espacio vivió.
No tuvo tiempo para sorpresas esa radiante mañana estival cuando dos clientes se transformaron súbitamente en asaltantes. Lo obligaron a cerrar, lo llevaron a la trastienda, allí extendió Marcos sus mejores tesoros sobre una negra franela. Víctor, el buen mozo, y Vicente, el de cara patibularia, empezaron a cargar sin elección, como aprendices. Eso les dijo Marcos: aprendices. Con voz lenta, cascada, sin miedo, nombró a gente pesada, con pasaporte letal.
Mencionaba a esas leyendas del hampa con tono amistoso, pero se extendía una seca amenaza. Marcos les explicó que estaban llevando berreta, joyas seriadas, de valor mínimo. Miró a Víctor con lástima, le preguntó cuando les daría el “reduche”. Una moneda —dijo—; entonces ustedes valen eso, una moneda. Mudos, escucharon al viejo zorro. Abrió una gaveta, sacó alhajas de colección, las justipreció. Ya habían sido valuadas por el seguro en 70.000. El “reduche” les ofrecerá 10.000, dijo, valen 100.000, yo les doy ahora 30.000 y asunto terminado, concluyó mientras se movía sin temor, con las armas que ya apuntaban al piso, como inofensivos grifos de canilla.
Llamaba por teléfono a su hijo, con órdenes precisas. Sirvió cerveza, les recordó lo de sus amigos pesados, por las dudas. David, el hijo, llegó con la plata, nuevita, como recién planchada. Los nervios estaban del otro lado, Vicente dejó su pistola sobre una vitrina. Solícito, Marcos le preguntó si tenía hijos. “Lleve esta para su nenita”, y le entregó reloj berreta, uno de los de la franela negra. Despidió a David, que se fue con la joyas. Cerró su actuación: ahora me dan un buen culatazo, seco, que salga sangre. Y puso la cabeza.
En la perinola del mediodía, Víctor y Vicente habían ganado 15.000 por barba. Marcos, la urraca, 40.000. O algo menos, si se le deduce los seis pesos del reloj berreta.
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Otro Blog que me gustó.
http://www.zonalibre.org/blog/mairim/
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“No se olviden de Tupaj Katari”
Les adjunto un articulo escrito por un colega bolivano Chalo Gosalvez:
Historia y la justicia en Ayo Ayo
“No se olviden de Tupaj Katari”
((i)) La Paz
La Paz, 5 de junio de 2004
El gobierno de Carlos Mesa se encuentra en una encrucijada. No cuenta ni con la autoridad —salvo las armas para detener a dirigentes— ni con los instrumentos para recuperar la credibilidad perdida en el Estado, entre los comunarios aymaras de Ayo Ayo. Después de la ejecución del alcalde Benjamín Altamirano, el pasado 15 de junio, se escuchó una sola voz colectiva: “Todos lo matamos”. “Que nos lleven presos a todos”.
Ante los fuertes cuestionamientos a las autoridades que se presentaron allí para dialogar, la formación de una policía sindical y un gobierno aymara autónomo, los comunarios ratificaron su decisión de mantener su posición —exigiendo además y prioritariamente la libertad de los detenidos por el caso— profundizando un proceso de autogobierno que, según relatan los pobladores, antecede en mucho la ejecución de “ese representante del Estado boliviano en Ayo Ayo”.
“No se olviden de Tupaj Katari”, gritaba un dirigente comunal y sindical desde esas tierras áridas, como haciendo llegar el mensaje a los oídos del Estado casi siempre sordo del campo. Sobre una pequeña tarima en la plaza principal, al pie del monumento del legendario Katari, el dirigente amenazó al gobierno con bloquear la carretera y “volar” las instalaciones de electricidad que abastece a la región, si no se respetan las decisiones de las comunidades. Ahora, las autoridades comunarias han dictado un
estado de sitio y han determinado la expulsión de Ayo Ayo de la policía estatal.
De Tupaj Katari a la voz colectiva
Todos recordarán que la historia de Ayo Ayo está impregnada por el rastro de líderes y rebeliones aymaras. En siglos pasados, dejaron allí una huella imborrable: Tupaj Katari, Bartolina Sisa y Zarate Willka.
No es casual que Julian Apaza, el Tupaj, haya nacido en el ayllu Sullkavi, comunidad vecina de Collana y parte de Ayo Ayo, donde colgaron su mano derecha después de que fuera descuartizado —en Peñas— por orden de Francisco Tadeo Diez de Medina.
La sentencia de 1781 decía con precisión: “Ni al rey ni al estado conviene, quede semilla, o raza de éste o de todo Tupaj Amaru y Tupaj Katari por el mucho ruido e impresión que este maldito nombre ha hecho en los naturales… Porque de lo contrario, quedaría un fermento perpetuo…”.
Siglos después, en este comienzo de siglo XXI, Ayo Ayo vuelve a ser el escenario de la lucha aymara poniendo en evidencia la confrontación de dos sistemas de vida política, económica y organizativa.
Ciertamente el ajusticiamiento del ex alcalde Benjamín Altamirano, a manos de los comunarios, el pasado 15 de junio, es la expresión de una interpelación al Estado boliviano, sus leyes y su distribución inequitativa de recursos a partir de la reforma de Participación Popular (1997). Pero, en el fondo, Ayo Ayo está mostrando más que eso al mundo, está mostrando la imposibilidad de mantener un sistema que carcome a otro; un sistema que no respeta ni reconoce a los indígenas, en sus derechos, su historia, sus usos y costumbres; su lengua y su color de piel.
Por esa exclusión secular, la región de Ayo Ayo parte de la provincia Aroma, ya fue cuna de la formación de varios movimientos políticos, kataristas e indianistas. De ahí surgió, por ejemplo, Genaro Flores, nacido en la misma provincia, quien protagonizó varias luchas hasta la conformación de la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).
En el inventario de los levantamientos insurreccionales, Ayo Ayo arrastra también una tradición de ocupación de haciendas desde la post Guerra del Chaco (años 30), proceso que fue acompañado con la formación de sindicatos comunales siguiendo el modelo de organización obrera de aquel tiempo.
¿Cómo es Ayo Ayo hoy?
Varias fueron las formas de “penetración” del Estado en las comunidades indígenas del Altiplano. Tras las reformas estructurales aplicadas desde 1985, Ayo Ayo pasó a ser conocido como uno de los 315 municipios del país que recibe los recursos de la Ley de Participación Popular, una suerte de redistribución de los ingresos estatales para el desarrollo local.
Según la concepción neoliberal, Ayo Ayo es un municipio con una población mayoritariamente aymara, considerado por los organismos internacionales
como parte del grupo de “municipios marginales” por el elevado nivel de pobreza.
Ayo Ayo forma parte de la Provincia Aroma —ubicada a lo largo de la carretera troncal que une La Paz y Oruro— y abarca cinco cantones. Desde el punto de vista de la organización, le pertenecen 10 de las 11 comunidades de la Central Agraria Ayo Ayo. Las 10 comunidades se dividen en 48 zonas.
En la localidad, la base de la organización es el sindicato adoptado desde la reforma agraria de 1953, sin embargo, esta forma organizativa agrupa a su vez dos tipos de organización: las comunidades de exhacienda y las comunidades originarias que rescatan el ayllu.
Esta división ha dado lugar a una pugna entre sindicalistas y originarios, los primeros ligados orgánicamente a la CSUTCB y los segundos a Consaq y Conamaq. De las 10 comunidades de Ayo Ayo, 4 son originarios y 6 sindicatos. La separación ha dado lugar a un profundo debate sobre la legitimidad de cada organización, del cual no están exentas las ONG que alientan la separación y el retorno a las autoridades originarias, ni los partidos políticos que intentan incrustarse en los sindicatos.
A su vez, entrecruzadas aparecen dos organizaciones más, conformadas por los mismos comunarios, las que no se separarán de la estructura sindical: La Asociación de Productores de Leche y más recientemente el Movimiento Sin Tierra —formado el 12 de febrero de 2003— después de varios intentos por comprar las tierras de la hacienda Collana que la familia Iturralde quiso vender a los comunarios con altos precios (de 350 a 500 dólares por hectárea).
De acuerdo al último Censo (2001) Ayo Ayo cuenta con una población de 6.981, casi mitad y mitad entre hombres y mujeres. El 86% de la gente vive en comunidades rurales, el 14% habita los pueblos. La esperanza promedio de vida de la población es una de las más bajas del departamento de La Paz: 56 años respecto al promedio nacional que es de 65. Sin embargo, la tasa de fecundidad es más alta que el promedio
nacional, 4 hijos por mujer, dato que se contrapone a la elevada tasa de mortalidad materna e infantil.
Ayo Ayo tiene un nivel de analfabetismo alto en relación a otros municipios, llega a 25,82%, aunque ha bajado bastante desde el último censo y hoy muchos jóvenes alcanzan a terminar el bachillerato con expectativa de ingresar a la universidad.
El tamaño del hogar en Ayo Ayo es pequeño en relación al promedio nacional, llega a 3,5 miembros lo que va a confirmar la tendencia migratoria principalmente de los hombres hacia la ciudad de La Paz. En las familias se puede ver que predomina la presencia de jóvenes, en primer lugar, y de mayores de 50 años, en segundo lugar. Esto se entiende por la expulsión de mano de obra a las ciudades. Hablamos de hombres, mayoritariamente, entre 20 y 49 años, es decir, en plena edad productiva.
En el municipio de Ayo Ayo, las principales actividades son la agricultura
y la ganadería basadas en la organización familiar de la producción que se
articula a las ferias locales y a los mercados de La Paz.
Por las características de la migración en las últimas décadas, las mujeres han incursionado en varias actividades productivas llegando a copar algunas de forma exclusiva.
Las actividades productivas del lugar hacen que la tierra sea un elemento fundamental para los comunarios y pobladores. Sin embargo, el proceso histórico de usurpación y legalización equivocada de la tierra —aspecto que caracteriza a todo el territorio nacional— ha terminado convirtiendo este recurso en inaccesible o, en el mejor de los casos, escaso para la producción. Una división de la superficie por familia da el resultado de 29 hectáreas, absolutamente insuficiente para la agropecuaria. (Este dato es general sólo para tener una idea, porque existen varias formas de
adquisición como la herencia, el alquiler, etc.).
La importancia de Collana en Ayo Ayo
Dentro de Ayo Ayo, Collana es la comunidad de mayor extensión, ocupa el 22,23% del municipio, con 9.383 hectáreas, donde habitan cerca de 323 familias. Dentro de este terreno, se encuentra la Hacienda Collana con 1.833 hectáreas donde, como todos saben, estás asentadas unas 300 familias del Movimiento Sin Tierra. Estas familias, con una fuerte presencia joven, están produciendo leche que la venden a la heladería Delizia, pero está prohibida de producir los grandes y famosos quesos Collana, porque la familia Iturralde —propietaria de la hacienda— se adjudica la exclusividad
de la producción y comercialización de los quesos amenazando con juicios penales si los comunarios ponen a la venta ese codiciado producto de gran
porte, altura y sabor.
En un terreno bastante grande, en medio del Altiplano norte caracterizado por los minifundios y surcofundios, hoy —después de la ocupación del MST— se puede ver en Collana la tierra trabajada e incluso ya se ven algunas pequeñas casas erguidas para los comunarios.
La toma de la hacienda Collana, el 29 de junio del año 2003, fue asociada con el asesinato de Gonzalo Iturralde en 1984, el patrón tradicional, a manos del comunario Oscar Mamani. Según los propietarios había un acuerdo entre Oscar Mamani y Gabriel Pinto, actual líder del Movimiento Sin Tierra en La Paz y segundo a nivel nacional, para repartirse las tierras posteriormente a la toma.
Sin embargo, desde la cárcel de San Pedro, donde cumple una pena de 30 años, Mamani desmintió la versión. Lo que argumentaban los miembros del MST para justificar la toma era que se trataba de 1.800 hectáreas que no cumplían la función económica social que establece la Ley INRA. De acuerdo a varios testimonios del lugar, esa versión era correcta. Los propietarios rara vez aparecían en la hacienda e incluso daban en alquiler a efectivos de la Policía. Por eso, antes de la toma el MST verificó que cuando mucho, los propietarios usaban apenas 300 hectáreas donde —en una pequeña granja— producían los quesos Collana.
Con todo, mientras los propietarios aducían que parte de la agresión del MST fue la quema y el robo de las pertenencias de la familia Iturralde, en lo que incluyeron las instalaciones de la granja de quesos y leche Collana, una visita de Indymedia al lugar constató la precariedad de las instalaciones, escasa y vetusta maquinaria.
En aquel tiempo, la familia Iturralde inició, de todos modos, un proceso judicial contra Gabriel Pinto del MST, por el cual lo apresaron hasta que pudo obtener la libertad condicional.
Hoy, Pinto es acusado nuevamente por el ajusticiamineto del alcalde Altamirano, y pende sobre el dirigente un mandamiento de apremio y demanda de juicio. Y es que como parte de Ayo Ayo y de su estructura sindical, el MST participa activamente en las decisiones sindicales y movilizaciones de la zona. Cuando se produjo el ajusticiamiento del alcalde, Pinto y otros dirigentes asumieron la voz colectiva de las comunidades, organizando y asumiendo el mando de Ayo Ayo como gobierno aymara autónomo.
Lo que vino de la mano de la Participación Popular
A partir de las elecciones municipales de 1995 —luego de promulgada la Ley de Participación Popular sobre la cual no se comprendían sus alcances— el único candidato campesino Rolando Condori fue elegido alcalde, quien cumplió su gestión ya con algunos problemas.
En ese periodo empezó a tener eco un reclamo de los comunarios porque los concejales, residentes y vecinos, priorizaron la inversión municipal en el pueblo de Ayo Ayo y no así en las comunidades rurales. En la gestión 1997 este hecho se hizo evidente: 47% del presupuesto municipal era para los vecinos y 24% era para las comunidades. Tanto el Comité de Vigilancia como la Central Agraria iniciaron una serie de
reclamos al gobierno municipal sin obtener respuesta.
La falta de rendición de cuentas el 98 y el 99 provocó el congelamiento de cuentas del municipio, por mandato del Senado Nacional y a solicitud del Comité de Vigilancia.
Las cuentas fueron descongeladas a fines del 99, antes de las elecciones municipales, pero con un desprestigio del gobierno municipal y en medio de un encendido interés por parte de los partidos políticos en controlar el poder local.
En las elecciones municipales del 99, fue elegido como alcalde Erasmo Silva, dirigente comunal y sindical, bajo la sigla del MIR, un partido tradicional. La gestión 2000 se caracterizó por ser buena ya que el alcalde posibilitó la participación de las comunidades y del Comité de Vigilancia en su gestión.
Pese a algunas falencias como la falta de informes y rendición de cuentas, sin contar la parafernalia que estableció el gobierno central para ello, Erasmo Silva no parecía tener problemas hasta que en la primera sesión de la gestión 2001, fue censurado por el Concejo Municipal y reemplazado por Benjamín Altamirano de NFR, otro partido tradicional.
Varios entrevistados dan cuenta de que esa gestión empezó caótica y arbitraria. Se identificaron entre otras irregularidades: uso discrecional de los recursos, un oscuro contrato con una consultora para que realizara el Plan Operativo Municipal, incumplimiento en la presentación de informes al Comité de Vigilancia, incorporación de familiares a la alcaldía, alteración de ítemes y sobreprecios de obras municipales.
Con estos antecedentes, el Comité de Vigilancia recién inició una demanda de congelamiento de cuentas en marzo del 2002. Esta demora se debió a la división en varias de las instancias de control como el Comité de Vigilancia, el Concejo Municipal y entre las comunidades. Los originarios, por ejemplo, apoyaban al alcalde Altamirano. Las cuentas del municipio se congelaron y la población eligió a otro
Alcalde, pero Altamirano no se quedó quieto e inició una batalla jurídica con demandas, contrademandas, amparos y otros recursos que sólo dilataron la solución del problema municipal. Altamirano no se tranquilizó hasta que ganó uno de esos recursos con lo que recuperó la alcaldía pero ya sin posibilidad de ejercer el cargo en Ayo Ayo. Lo hacía a distancia y sin rendir cuentas a nadie, era un alcalde clandestino usufructuando de los recursos municipales.
Mientras pasaba el tiempo, los comunarios en cabildos decidieron no sólo exigir rendición de cuentas, sino estaban convencidos de que esa gestión era pésima, corrupta y socapada por el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
La discusión sobre la justicia comunitaria y la presencia/ausencia del Estado
El año 2000, la resistencia aymara intensificó sus formas de lucha con el bloqueo de caminos, y una acción colectiva del sector de Omasuyos dio paso a la quema y destrucción de varias instituciones estatales como la prefectura, la cárcel, los juzgados y la alcaldía. Esta acción fue acompañada por la captura, golpiza y muerte del capitán de ejército Téllez, quien comandaba una de las escuadras de represión en abril de aquel año.
Varios comunarios y vecinos de Achacachi contaron, entonces, cómo fue el recorrido de aquella matanza en manos de miles de comunarios. Porque no se trataba de un acto común, entendido en la justicia ordinaria, como delito, no había un responsable individual.
Según los testimonios, en primer lugar, la decisión de secuestrar al capitán surgió tras las primeras muertes de aquel 8 de abril. Decisión que fue tomada en un ampliado a la entrada del pueblo de Achacachi, donde meses después se instalaría el Cuartel General Indígena de Kalachaqa. Habían muerto seis del lado campesino, por lo que el secuestro del capitán obedeció a la toma de un oficial que no era lo mismo que tomar un conscripto: ni por el color de la piel ni por la jerarquía.
El cuerpo en poder de los comunarios fue golpeado hasta que perdió el conocimiento. Desmayado fue llevado a rastras por el pueblo hasta que unos vecinos lo rescataron, lo disfrazaron y lo llevaron al hospital del pueblo.
Cuando la gente se dio cuenta que el cuerpo no estaba, se informó de su paradero y procedió a invadir el hospital por encima del personal médico. Buscaron y rebuscaron hasta que lo hallaron aún desmayado. A toda prisa, no lo alzaron, sino lo arrastraron hasta el patio donde le propinaron golpes que cegaron su vida. ¿Quién lo mató? “Todos”, respondieron entonces.
Una respuesta similar dio la población de Ayo Ayo, en junio pasado, cuando deliberaban sobre los últimos sucesos que terminaron con la vida del alcalde Altamirano: “Que nos lleven presos a todos”.
La dimensión del caso y el recorrido de la víctima, provocaron un debate sobre si esta acción responde a la justicia comunitaria o no. La disquisición de los medios, los analistas y los aymaristas no lograron aún aclarar lo que ocurrió aunque existan ya seis presuntos asesinos en la cárcel.
En verdad, no existe una reglamentación que de cuenta de los alcances y procedimientos de la justicia comunitaria. Pese a su inclusión nominal en la última reforma judicial, poco se conoce sobre su significado y el proceso que sigue aún en varias comunidades del mundo aymara.
La primera aseveración que ha surgido de los supuestos entendidos en la materia, afirma que no se trató de un acto de justicia comunitaria porque según la tradición, los aymaras no llegan a ejecutar la pena de muerte. Antes que establecer esta versión como la última y la verdadera, nos parece adecuado recordar algunos casos de similar envergadura, por eso recordamos el caso de Achacachi el año 2000.
Del mismo modo, podemos recordar el caso que involucró al dirigente Edwin Huampo, el año pasado, quien fue perseguido y encarcelado por la justicia ordinaria por haber participado y avalado la ejecución de dos ladrones en la provincia Los Andes.
Y así existen otros casos más de robo, violación, corrupción —que sería muy largo exponer— los mismos que dan cuenta no sólo de una forma de actuar colectivamente, sino que habría que preguntarse por qué, la justicia hecha con las manos se va propagando.
Una de las razones encontradas en los testimonios es que justamente la justicia del Estado no funciona así como tampoco sus instituciones. De ahí que varias de ellas hayan sido expulsadas de algunas provincias del Altiplano en señal de que son ineficientes, pero además porque corrompen y alteran la vida cotidiana al extremo.
Un breve recuento de este proceso muestra que en las siguientes localidades fueron echados miembros de la Policía, de la Prefectura y de la Alcaldía:
- Provincia Omasuyus: Huarina, Santiago de Huata, Achacachi y Warisata
- Provincia Los Andes: Puerto Perez y Batallas
- Provincia Muñecas: Chuma
- Provincia Larecaja: Sorata
- Provincia Camacho: Escoma
No se ha confirmado si Ayo Ayo seguirá esta ruta, pero la hostilidad con la que los pobladores reciben a periodistas y se refieren a las autoridades hacen suponer que la falta de credibilidad en el Estado y el rechazo a la institucionalidad que lo representa reaviva ciertas formas de justicia comunitaria —no siempre visibles a los ojos citadinos— que con el tiempo van tomando nuevas modalidades de aplicación.